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Catalunya y el arte de lidiar

21.X.16   La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la denominada “anulación de la prohibición de toros en Cataluña”, ha levantado alguna ampolleta y tiene visos de convertirse en una tragedia nacional, en consonancia con lo que son los toros para algunos/as, sin que falten quienes ya han encontrado un motivo para sacar de nuevo las banderas, la pandereta y hasta carteles de Euskal herria en favor de los presos etarras, que se trata de aprovechar cualquier circunstancia para armar gresca, pero también para que nadie se olvide de la invasión española del Puigcerdá, ni de la apropiación indebida de una cáscara de huevo que dejó Dalí en el Roselló francés, que por cierto también es catalán, pero invadido esta vez por Francia, y es que no paran de invadirnos, menos mal porque así se mantienen los desfasados unidos en perpetua lucha, aunque sea dando golpes al aire. Pero el Tribunal Constitucional ni ha prohibido ni permitido corridas de toros, tampoco se dedica a ello, ni mucho menos ha impuesto el toreo porque ni es su cometido ni hace falta, ya se dedican a torear de lo lindo todos los días los propios ciudadanos ante tanta mentira y cinismo de tanto dirigente cutre, cercado por lo que conviene decir en cada momento, no vaya a perder votos y tener que irse a casa a cobrar el paro, es el politico “profesional” como algunos se autodenominan no sin displicencia. Por cierto que es el politico reflejo de los muchos ciudadanos que hay en la calle que también quieren aprovecharse personalmente si está a su alcance, sin ningún miramiento hacia el interés general y sin darse cuenta de que éste también es el suyo propio. El Tribunal Constitucional no ha hecho otra cosa que afirmar que el Parlament de Catalunya no tiene competencia para prohibir las corridas de toros al considerar que ésta es una competencia del Estado. Ni más ni menos. Es de considerar que no son pocos los esfuerzos que se han hecho en los últimos tiempos por hacer entender a los catalanes invadidos que la ley se debe respetar, es garantía de seguridad y de convivencia, y que están haciendo un estropicio muy grande a las propias instituciones catalanas quienes desde un Parlament están incitando a la infracción legal, es el colmo de la contradicción pero también de la irresponsabilidad, y está pasando factura, que luego pagamos todos los habitantes de la Península Ibérica, Archipiélago canario, Baleares, Ceuta y Melilla, por no decir España, esa palabra prohibida en el foso sectario de quienes se lo han montado para que no les vuelvan a invadir, y pueden estar tranquilos que a nadie en su sano juicio se le ocurre arrimarse a ellos, todo el día sufriendo la persecución, la discriminación lingüística y las injusticias del Estado opresor, vaya aguante, no es fácil lidiar con ello diariamente, menos mal que no se les exige que tengan arte, pero es que para lo que hacen resulta del todo incompatible, todo sea dicho. Y para malos artistas el propio President, que en un pase poco torero ha llegado a decir que está dispuesto a ir a prisión por el Referéndum, se nota que ha ido poco por la cárcel, por eso la frase hay que tomársela sólo desde el punto de vista anti-artístico, no digo ya anti-taurino, como un poema de una estrofa, que no hace falta ni que rime, puestos  a no exigir ni eso se le pide en la tragicomedia que se ha empeñado en escribir y representar por la ya apestosa arena del Parlament que preside. Llevan mucho tiempo echándole lodos y nadie hace por impedirlo ni por supuesto baja de su estrado a limpiar, eso es para los que pagamos unos impuestos cada vez más injustos cuanto mayores, precisamente porque se destinan a pagarles a ellos.

Pero tampoco quienes gobiernan desde Madrid tienen siempre buen capote ni saben siempre lidiar, no digamos ya con arte, y para muestra un botón. Si se tiene en cuenta que la decisión del Parlament fue del año 2010 y la Sentencia del Tribunal Constitucional llega 6 años más tarde, se observa que hay una ley de por medio en el año 2013 que declara a “la Tauromaquia” – no a las corridas de toros – como “patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio español”, y va a ser que esta ley ha servido para apuntalar la Sentencia del Tribunal Constitucional que estamos comentando, hasta el punto de que sin ella, la Sentencia – al menos ésta – no habría sido posible. Dicho mal y pronto, se ha legislado para luego dictar sentencia y esto, en fin, ya no es tan tan. También se dice que aquella ley de la Tauromaquia – no me imagino hablando así a nadie por la calle – no fue recurrida de inconstitucional por nadie, pero tampoco se dice quiénes podrían haberla recurrido, siendo obvio que el Presidente del Gobierno no lo iba a hacer, y tengo mis dudas de si en aquel momento se podían reunir 50 diputados o senadores para este cometido precisamente (cfr. Artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). En resumidas cuentas, ley al canto y viva la Tauromaquia, llámense corridas de toros o todo lo que tenga que ver con el astado, desde el arte de barnizar cuernos hasta comerse un callo vacuno, que todo tiene su arte, a ver quién lo discute, y eso que es una de las pocas leyes – se nota que vamos avanzando – que define legalmente lo que debe entenderse por Tauromaquia (artículo 1 de la ley 18/2013 de 12 de noviembre), lo que pasa es que es un concepto que engloba tantas cosas que al final va a resultar que tenemos otra Comunidad Autónoma y no nos habíamos dado cuenta. Lo digo porque como el concepto de Tauromaquia comprende segun la ley hasta “el arte de lidiar” y aquí en España hace falta mucha arte para lidiar con tanto dirigente ramplón, cacique y corrupto, pues va a resultar que dentro de la Tauromaquia estamos el resto de la población, y camino va esto de convertirse en las dos Españas del siglo XXI.

En todo caso, se olvidan quienes legislan y además de este modo, que a golpe de ley no se conserva una “tradición”, como gusta llamarse ahora cual “concepto” que lo salva todo, y menos siendo cruenta en los tiempos que vivimos, y si no que se lo pregunten a la Roma de los gladiadores, no se puede negar que su lucha fuera una tradición de muchos siglos, y sin embargo una ley acabó prohibiéndola, que tampoco le llamaron arte. Si nos ceñimos, como hace el legislador, a la Tauromaquia, resulta que el espectáculo cruento y doloroso sólo se da en una parte pequeña del macroconcepto, esto es, en las corridas de toros, que también podrían celebrarse sin hacer sufrir al animal ni derramar una gota de sangre. Cierto que sería otra cosa pero o se adelantan o se acabará prohibiendo, que no puede haber arte en el espectáculo de hacer sufrir a un animal hasta su muerte agónica y sangrienta, por mucha ley que lo llame “el arte de lidiar”.

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Ley de enjuiciamiento criminal

La Reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal: Otro gasto inútil.

He aquí algunas falsedades que se argumentan para justificar la reforma “radical“ y global de la justicia penal:

En primer lugar se argumenta a favor de la reforma que resulta necesaria para agilizar los procedimientos. Se engaña (como se ha engañado a otros antes) a quienes piensan que con una nueva ley se soluciona el problema de las dilaciones. Si los procedimientos judiciales se retrasan y se tarda años en juzgar no es porque la actual ley necesita una reforma ni tampoco es cierto que con la reforma se acabarán las dilaciones.

La comparativa propia con otros países europeos (Alemania, por ejemplo) que tienen atribuida la investigación al Ministerio Fiscal no justifica tampoco la reforma y por otro lado no deja de ser un recurso propio de mentalidades todavía acomplejadas.

Pero además, tampoco es cierto que en España el Ministerio Fiscal no investigue ni tenga vetada, ni mucho menos, su actuación en la investigación de los delitos, ni nada por el estilo. Con la actual regulación, el Ministerio Fiscal ya tiene un papel en la investigación de los delitos (léanse artículos 3 y 4 de su Estatuto, entre otros); otra cosa es que se pueda mejorar legislativamente hablando, pero de ahí a operar una reforma como la que se pretende va un abismo que no hace falta sufragar (y luego mantener).

No hemos encontrado ni una sola razón de peso que justifique la atribución al Ministerio Fiscal de la investigación penal (actual instrucción), sino que por el contrario, un poder jerarquizado (el artículo 62.2 de su Estatuto califica de falta muy grave “el incumplimiento de las órdenes particulares“) y politizado en el seno de la fase de investigación criminal, constituye un instrumento para controlar quién va a ser juzgado y quién no, con las consabidas consecuencias de conducir al banquillo a quien interese en un momento dado (como el juez Garzón, que en paz descanse, judicialmente hablando), con los consiguientes gastos y del mismo modo, para que puedan no ir otros con todo merecimiento.

La dependencia del Ministerio Fiscal de los políticos tampoco es aceptable. Lo de arreglar el nombramiento del Fiscal General del Estado dándole un plazo definido de mandato y que sea la mayoría del Congreso de los Diputados quien lo designe, es otra falacia, pues ya se encargarán de que llegue al puesto el obediente y no quien tenga criterio propio y libertad de actuación. De todos modos, pasen y vean lo que hay ahora y lo que ha habido y serán plenamente conscientes de quiénes ocupan los cargos y de cómo se les nombra. Para ejemplo el del nombramiento de la actual Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, entre otros.

También se dice a favor de una nueva ley de enjuiciamiento criminal, que la actualmente vigente es antigua (del año 1882). El tiempo de una ley no es una razón que por sí misma justifique una reforma.
Se argumenta asimismo, que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal está muy parcheada y ha sufrido muchas modificaciones. Tampoco éste es motivo para una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal pues el hecho de estar “parcheada“ no significa necesariamente que no funcione, sino que precisamente se supone que quien la parcheó pensó que con ello la mejoraría. Lo que no es perdonable, como ha pasado en este país, es que se promulgue una ley nueva y al día siguiente haya que reformarla porque no sea aplicable o sufra tales defectos que la hacen invalidante (lo cual ha pasado repetidas veces y no hace tanto tiempo).

Por otro lado, los denominados “errores de técnica legislativa“ como el actual artículo 789.3 (condena por delito distinto al que ha sido objeto de acusación), la regulación de la conformidad del artículo 801, etc., no justifican una reforma como la que se pretende. Lo que sería mejorable en la actual regulación es perfectamente posible introduciendo las modificaciones oportunas (protección de la víctima, pruebas de ADN, etc.).

Los Derechos Fundamentales como argumento para la reforma tampoco convencen. Todo el mundo está de acuerdo en que hay Derechos constitucionalmente protegidos (integridad física, vivienda…) que se deben respetar y que la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal no contiene una regulación, técnicamente hablando, que sea precisamente la mejor. Pero de ahí a justificar la reforma global y “radical“ va un paso, pues nadie pone en duda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal se lee y se aplica, o debe aplicarse con respeto a las garantías constitucionales. De otro modo se estaría ninguneando la función del Tribunal Constitucional que ha ido pronunciándose (por ejemplo, STC 145/1988 de 12 de julio sobre la separación de funciones de instrucción y fallo) para lograr una adecuada lectura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la luz de la Constitución. Criticar, por ejemplo, la redacción del artículo 363.2 sobre intervención corporal para obtención de muestras corporales del sospechoso es simplista y tampoco justifica una reforma global.

Es propio de países poco desarrollados hacer cambios “drásticos“ y “radicales“, como si lo que hubiera habido hasta ahora no fuera aprovechable en absoluto. También es propio de ignorantes y algo más, llegar al poder y erigirse en los solucionadores de todos los problemas de la justicia penal haciendo una ley con la que lo van a arreglar todo (también el problema de las dilaciones, que por cierto, también quiso arreglar el anterior Ministro de Justicia, y el anterior, etc.). Luego terminan de arreglarlo con frases manidas como que “esta ley nos acerca más a las democracias modernas“ como si la democracia fuera cuestión de modernidad, y otras como que “se da un paso hacia delante en las garantías procesales“, lo cual tampoco es cierto pues hace tiempo que las garantías son una realidad y afortunadamente hay medios para hacerlas valer sin necesidad de que se haga una reforma como la que se pretende.

Lo que no se explica al ciudadano es lo que va a costar la nueva ley, los nuevos tribunales de instancia, los nuevos jueces de garantías, los jueces de la audiencia preliminar y tampoco se habla del número de fiscales que van a hacer falta para poder aplicarla. Con los fiscales que hay ahora, no se va a poder confiar la “investigación“ a la Fiscalía, sino que hacen falta muchos más (y se supone que los jueces de instrucción tampoco serán suficientes dado que también con la nueva ley aparecen ahora los denominados jueces de garantía, de la audiencia preliminar, etc.).

En fin, que no se tiene en cuenta que con esta ley, va un gasto adicional de considerables proporciones que no podemos pagar o, al menos, todo parece indicar que es así y si no, asómense a las arcas públicas de ayuntamientos, Comunidades Autónomas, etc. Tampoco nos cuentan que detrás de estas reformas hay todo un imponderable dedicado a asesorar cobrando de fondos públicos y a dar conferencias, además de aprovechar su privilegiada información para ser los primeros en publicar sus comentarios doctrinales.

Ya es hora de que los políticos (con el Ministro de Justicia a la cabeza) dejen de pensar que por fin ha llegado la hora de salvarnos la vida con una nueva ley y sobretodo de suponer que legislar es gratuito y que por el hecho de promulgar una ley hay dinero suficiente para aplicarla.

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