Juicio a la Infanta Cristina, algunas consideraciones.

Como hace tiempo que leo y escucho las noticias principalmente por conocer lo que nos quieren hacer creer, ya disculparán que no vaya a profundizar en los argumentos legales que han llevado a una Infanta de España al banquillo de los acusados. No tengo la documentación y por ello no considero prudente darles una opinión fundada legalmente hablando. Simplemente me permito algunas consideraciones que, desde el punto de vista legal, podría hacer cualquier estudiante de Derecho, pero que no por ello pueden dejar de servir al lector para instruirse un poco ahora que está tan de moda hablar de la fase de instrucción penal, y lo que queda. Dicho sin ninguna técnica y para que ustedes lo entiendan, cuando se denuncia un hecho delictivo (un robo, una estafa, etc.), el juez de instrucción abre una fase (denominada de instrucción ) que tiene por objeto investigar lo que ha pasado (tomando testimonios, huellas, etc.) y en el momento en el que considera que hay evidencias de la comisión de unos hechos delictivos con los correspondientes medios de prueba para acreditarlos, entonces cierra la fase de instrucción y envía el expediente (los Autos) a otro tribunal que es el que se encarga de realizar el juicio con asistencia de público e intentando que en la sala declaren todos los testigos y se practiquen todas las pruebas para formar la convicción y dictar sentencia condenatoria o absolutoria. Así las cosas lo que ha ocurrido hasta ahora es que el juez de instrucción ha cerrado esta fase y ha considerado que hay suficientes argumentos y pruebas para que la Infanta Cristina haya de sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio correspondiente que celebrará otro tribunal, en este caso la Audiencia de Palma. En contra de lo que se dice en los medios de comunicación el juez de instrucción no la acusa (ni puede, legalmente hablando) sino que sólo es acusada por el sindicato Manos Limpias y por ello el juez puede considerar y de hecho considera que debe sentarse en el banquillo de los acusados. Tal es así que si nadie hubiera acusado a la Infanta el juez de instrucción no habría podido ordenar que se siente en el banquillo de los acusados para ser juzgada, porque es evidente que al no sostener nadie la acusación el día del juicio no habría acudido nadie a solicitar su condena y por ello la Audiencia de Palma (que es quien la va a juzgar y por tanto no la puede acusar) no habría podido condenarla. En España se permite que alguien ajeno a un procedimiento penal pueda acusar cuando considera que una persona ha delinquido. Es decir, que si yo sé que en Lugo alguien ha utilizado una tarjeta de crédito de un vecino para comprarle pañales a su bebé, puedo denunciar este asunto y acusar a la persona en cuestión de estafa y solicitar que se siente en el banquillo de los acusados y que se la condene. Estaría haciendo de acusación popular. Claro que es difícil que el Fiscal no acusara también – a los hechos me remito – porque tiene la obligación de perseguir los delitos (y de acusar y solicitar, en su caso, condena). Esta acusación popular debe diferenciarse de la acusación particular que es aquella que ejerce quien ha sido víctima del delito. Sería el supuesto de que en Lugo alguien hubiera utilizado mi propia tarjeta de crédito y en vez de comerme las angulas me hubiera pasado la tarde en Comisaría con un nudo en la garganta pensando en todos los gastos que estaría haciendo la persona que la encontró, de modo que tras la denuncia intentaría seguir las actuaciones del juez de instrucción y acudiría como acusación particular. En este caso hay un interés propio en recuperar la tarjeta y en vista de los pañales habríamos abandonado la caca y con ella el procedimiento, sin perjuicio de que el Fiscal (que es la acusación pública) hubiera podido interesar la continuación de las actuaciones y solicitar finalmente condena. Son tres por tanto las posibilidades de acusar: la acusación popular, la acusación particular y la acusación pública que corresponde al Ministerio Fiscal (que tiene la obligación de acusar cuando hay fundamento para ello). Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Pero en relación con la Infanta ahora empieza el retruécano, no se me ocurre otro palabro. Resulta que la única persona que sostiene la acusación de la Infanta Cristina es el sindicato Manos Limpias, pero no la Fiscalía ni tampoco la Abogacía del Estado (que defiende los intereses de la Agencia Tributaria). Y la primera cuestión es la siguiente: si a la Infanta se le acusa de dos delitos fiscales aunque sea indiciariamente tras una fase de instrucción hasta el punto de que el juez considera que debe sentarse en el banquillo de los acusados, ¿por qué el Abogado del Estado que defiende a la Agencia Tributaria no la acusa y considera que no debe celebrarse juicio contra ella? Sirva la misma pregunta para el Ministerio Fiscal que tampoco la acusa. La segunda cuestión es la siguiente: ¿qué ha provocado que un juez de instrucción no siga el criterio de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal – que se supone son lo más granado en este tipo de lides – y se quede apoyado en que es acusada por un tercero ajeno y gracias a ello la lleve a sentarse en el banquillo de los acusados? El juez tiene que tener clara conciencia de estar haciendo lo que debe, lo cual le honra, pues ante la presión a la que está sometido cualquiera busca una fisura por muy pequeña que sea para salir del paso, y en su caso con todo el apoyo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que no es moco de pavo. Quiero decir que si el juez hubiera resuelto que la Infanta no se sentara en el banquillo de los acusados siempre podría haberse escudado en que así lo consideró el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Pero ya se ve que el juez no ha encontrado ningún argumento para evitar el desastre al que se ha visto obligado (esté equivocado o no) llevando a una Infanta de España al banquillo de los acusados y no es aventurado decir que si hubiera tal argumento lo habría encontrado u otro se lo habría hecho ver, y de ser ello cierto quienes quedan al pie de los caballos son la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, pues convendrán en que no es normal que el juez de instrucción tire para adelante y dos instituciones del Estado dedicadas a este menester precisamente, vayan para atrás. Retruécano.

 

Yendo para atrás en el tiempo por cierto, el legislador (otro caballo de batalla de siempre), podía y debía haber considerado esta tesitura y evitarla, en vez de dedicarse a promulgar leyes electoralistas que por otro lado dan de comer más de una gamba y algún que otro chipirón en su tinta a esos “compendios de sabios” que van de aquí para allá dándonos el curso y la conferencia previo pago directo e indirecto y de paso intentando aumentar sus emolumentos con publicaciones oportunistas, sin que falten los que encima se dedican a publicar sus moralinas, hay que tener cara dura, el mejor patrimonio con el que cuentan, la verdad sea dicha. Y es que si no hay previsión no puede haber desarrollo. El legislador español ha perdido muchas oportunidades de evitar tragedias, ya lo hemos comentado en otros artículos anteriores y todo parece apuntar a que se seguirán sucediendo, pues no se hace nada por cambiar esta inercia. Pregúntense por qué, conocen la respuesta y dejen de seguir haciendo lo políticamente correcto, por el país se lo pedimos. Como ciudadanos y como patriotas no nos merecemos a una Infanta en el banquillo y menos en contra del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. En otros países de nuestro entorno la Infanta no se habría sentado en el banquillo de los acusados. Alguno pensará que porque no hay Infantas y en eso tiene razón, pero también porque aunque las hubiera la ley no lo habría permitido. Aquí hemos vivido los últimos acontecimientos en relación con este asunto pendientes de la doctrina Botín y de la doctrina Atutxa, con interpretaciones sobre si debe sentarse o no una persona en el banquillo, cuando en cualquier país desarrollado la cuestión estaría zanjada por ley y punto, máxime cuando la ley procesal no admite analogías. Hemos tenido tiempo de sobra para desarrollar un precepto legal de tres líneas y no se ha hecho (y eso que por lo que se ve, quienes se tendrían que dedicar a ello tienen tiempo de sobra para zascandilear por un lado y para estar muy ocupados en sus limbos por otro, dependiendo de lo que quieran hacer ver). Aparte de ello si se tiene Fiscalía es para algo y no de adorno en una instrucción en la que se está imputando a una Infanta y con ella a todos los que tenemos patria, que somos muchos, y de muchos colores, afortunadamente. Por cierto que hablar de patria no es de ser necesariamente conservador ni de mentalidad antigua como dicen algunos/as que van de modernos/as y llevan toda su vida sin poder salir de su mentalidad paletil (que es la más antigua, por cierto). Hagan el mínimo esfuerzo en fijarse en los hechos y no en lo que, como dice el juez instructor, hacen algunos/as que viven de ello, esto es, “Se lanza una afirmación que no responde a la verdad con la esperanza de que siempre habrá alguien que la asuma sin comprobarla” (Auto de 9 de enero de 2015, Diligencia previas 2677/2008, Pieza separada número 25).

 

Pero por si fuera poco, en este querido país cuna de El Quijote, no podía faltar que se pretenda juzgar a una Infanta de España como a otra persona más, cuando no lo es y lo que es más chocante, nadie del pueblo ni se ha extrañado ni se extraña de ello, nacimos con ella y no todos hemos tenido que llevar al colegio al Rey cuando era pequeño, ni cantarle villancicos en Navidad, qué le vamos a hacer, no somos iguales, y no nos ha causado ningún trauma. Lo peor es que desde altas instancias se están empeñando en hacernos ver que no hay diferencias y resulta que el pueblo las tiene asumidas desde siempre, sencillamente porque no somos iguales. Es más, si en algo la Infanta no está siendo una persona más, tanto que se pretende que seamos iguales, es en lo que le afecta estar imputada, aunque a todo el mundo le afecte, pero a ella más y con ella a todos los que queremos a nuestro país, incluidos aquellos que no comparten la institución monárquica. Para que la ley sea igual para todos debe diferenciar a los que son diferentes, y una Infanta lo es, como lo es un magistrado del Tribunal Supremo que haya de ser juzgado o el embajador de un país extranjero en España. También en esto ha faltado una previsión legal, y no era tan difícil, con tanto ego suelto y pagado. Como decíamos, en países de nuestro entorno la Infanta no se habría sentado en el banquillo de los acusados. Por poner el ejemplo de uno de los Ordenamientos de referencia no sólo en Europa sino en todo el mundo, la Ordenanza procesal alemana no contempla la posibilidad de ejercer la acusación popular. Mutatis mutandis la ermittlungsverfahren (fase de investigación alemana) culmina con la apertura de juicio oral, es decir, con la decisión de sentar a una persona en el banquillo si lo solicita la Fiscalía. Por algo será que en Alemania no hay acusación popular que pueda ejercitar la acción penal frente a una persona, con independencia de que sea de las que se atusa o de las que calce botín.

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“Podemos” (hacer que nos gobierne una nueva “casta”)

Como soy patriota y quiero a mi país, no puedo dejar de expresarle mis condolencias. Lo digo porque ya históricamente – repasen por favor los hechos históricos más que la Historia (esa que nos cambian en cada escuela a son del interés aldeano de turno) – el fenómeno de “Podemos” se repite, no es nada nuevo y muchos otros antes lucharon contra “la casta”. Repasen los discursos parlamentarios de la España de los treinta, aunque se pueden citar hechos mucho más antiguos, con grupos que preconizaban el fin de la clase política, de la alienación, de la eliminación de la burguesía, del poder para el pueblo y por el pueblo, etc. Resulta sumamente atractivo en este momento luchar contra la casta, esa especie de grupo de privilegiados culpables de la desigualdad, de la falta de empleo, de “los vuelos o barcos de deportación de inmigrantes” (punto 4.3 del programa de Podemos), “de los programas contra la inmigración” (4.3), de la deuda hipotecaria de muchas familias “con dificultades para afrontar el pago de los préstamos” (3.7), de que muchas más personas de las que parece se compraran el chalé (bungalow, etc.) sin ninguna necesidad con dinero que les prestó el banco y ahora no puedan devolverlo, y por supuesto que la casta también es culpable de que vengan miles de inmigrantes a nuestro país y no se les reconozca la “Libre circulación y elección de… residencia y… garantía de plenos derechos…” (4.3), etc., y de muchas cosas más. La casta es culpable de todo y hay que luchar contra ella. Por cierto que Orwell ya lo expresó muy bien y su visión fue muy anterior a 1984.

 

No quiero hacer largo el discurso porque la estafa de este partido político, básicamente, descansa en lo siguiente: luchemos contra la casta, que ya crearemos nosotros una nueva si llegamos al poder. De hecho, su propio programa político es prueba de lo anterior. Así, por citar un punto, cuando afirma la “… supeditación (del Banco Central Europeo, nada más y nada menos) a las autoridades políticas…” (1.3), es decir a la casta, sean los actuales o se supone que ellos si llegan al poder (y la materia humana con poder es la misma, es decir, se comporta de la misma manera). O por ejemplo, cuando afirma la incorporación de sus viviendas “… al parque público…” (3.7) que ya lo gestionará alguien (otra casta y nadie se va a aprovechar de su posición para llenarse los bolsillos, éste es un país de personas mayoritariamente honestas que nunca se llevarían un euro al bolsillo procedente del “parque público”).

 

Y es que la casta, esos desalmados que mandan, es consustancial a todo sistema político. Alguien tiene que mandar y, afortunadamente, hay mecanismos en el sistema para controlar, lo que ocurre es que muchas veces nadie se atreve a actuarlos y muchos que pueden (políticos sobretodo) miran para otro lado, no quieren trabajar y no quieren problemas. Por eso surgen los de Podemos y los de no podemos (que somos muchos más mirando para otro lado ante la injusticia, la corrupción, la desigualdad, etc). En este país no hace falta un partido nuevo que se aproveche de la mala situación que vivimos y de un gran número de personas en situación de necesidad, para recabar votos y organizar su particular “casta”, a la que van derechos por mucho que la critiquen. Hay innumerables hechos históricos que nos han enseñado que estas posiciones (inmaduras) de ir radicalmente en contra (como si nadie más se hubiera dado cuenta antes) les convierte en eso mismo que están criticando. Tesis, antítesis, síntesis y vuelta a empezar. Lo que postulan en relación con la casta no es posible salvo que se vaya cada uno a una isla y la habiten individualmente (ahí por cierto sí que pueden proclamar el “Fin de la política de externalización de fronteras”, 4.3). Qué fácil es hacer política irresponsable llenando de sueños la cabeza mal formada de tanta gente ignorante en situación de necesidad y de algún que otro cabeza de chorlito que profetiza desde su despachito de la Universidad, sin tener ni puta idea de lo que pasa cuando, por ejemplo, “abres fronteras” (cfr. 4.3). Les invito a que sean ellos los que se pongan delante de esa masa de gente inmigrante en el momento de “Eliminación de las vallas fronterizas” (4.3), y sean ellos las víctimas de asesinatos, robos y violaciones (soy testigo directo y puedo hablar de ello). Que se dejen de gilipolleces y utilicen los cauces legales para denunciar al corrupto, para denunciar la injusticia, para trabajar en vez de hacer política barata (por muchas personas que les voten; por cierto, les recuerdo que también a Hitler le eligieron democráticamente).

 

Para esto me quedo como estoy, consciente de que el sistema es mejorable, pero desde dentro, con hechos, trabajo, denuncias, tribunales, control parlamentario, actividad política sí, pero construyendo desde dentro, no destruyéndolo todo para volver a construir algo que ya existe. En todo este tiempo de democracia, aunque haya algún que otro dinosaurio, todo sea dicho, hay muchas cosas buenas y mucho que mejorar, pero si son ustedes verdaderamente patriotas no nos vengan con mentiras, no engañen al pueblo, no sean ustedes casta anticasta.

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La víctimas del terrorismo piden a gritos el cumplimiento de la ley.

Y esto precisamente es lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No sólo se cumplen los artículos 7 y 5 de la Convención Europea sino los artículos 9 y 25 de la mismísima Constitución española (principio de legalidad) y por ende la ley vigente en el momento de comisión de los hechos. Nulla poena sine lege. Es decir que hace falta una ley para que alguien se vaya a la cárcel (artículo 25 de la Constitución española), o lo que es lo mismo, una ley que determine, con anterioridad a la comisión de los hechos, cuáles se deben castigar, qué tipo de pena es aplicable a esos hechos (prisión, multa, etc.), por cuánto tiempo (30 años de prisión, cadena perpetua, etc.). Esto es vital en un Estado de Derecho. De otro modo la tiranía camparía a sus anchas y se volverían a encender hogueras para llevar a quienes les dé la gana a unos pocos, con un simple juicio de valor interesado. No es nuevo, ya ha pasado, revisen la historia más reciente, no hace falta remontarse a la época de los visigodos.

Lo he simplificado para que se entienda pero al lado de esa ley que debe existir antes de la comisión de los hechos también existió y existe actualmente otra que regula una serie de beneficios que reducen el tiempo de prisión de los condenados (artículo 78.1 del Código penal). Existe en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno y consiste en ir aplicando reducciones del tiempo de estancia en prisión por el hecho de tener un buen comportamiento, realizar trabajos, estudios universitarios durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad, etc. Esto se sabe y es público, tampoco nadie se ha manifestado en contra.

La cuestión que ha desencadenado toda la controversia en España, con la consabida y frecuente confusión, estriba en que no es lo mismo aplicar esos beneficios a la pena de 30 años de máximo cumplimiento según el Código de 1973 que a cada una de las penas que se le han ido imponiendo a un criminal que ha llegado a sumar más de 2.000 años de prisión (y que puede impresionar a los más legos, pero la realidad es que según el Código citado el máximo de prisión a cumplir son 30 años y según el vigente 40 años).

Resulta por tanto que, según la legislación aplicable y en concreto el artículo 70.2 del Código penal de 1973, el límite máximo de cumplimiento es el de 30 años de prisión (incluso si se tratara de penas impuestas en diferentes juicios como es el caso). Su artículo 100 se refería a la “Redención de penas por el trabajo” y estableció la reducción de un día de prisión por cada dos de trabajo (artículo 100 del Código penal de 1973), de modo que la pena de prisión se veía doblemente reducida (por un lado porque se establecía un límite máximo de 30 años aunque se hubieran acumulado condenas por más de 2.000 años y por otro lado porque los beneficios de reducción de tiempo de prisión eran considerables y todo ello según lo legalmente previsto). Además, también la ley contemplaba la posibilidad de salir de prisión habiendo cumplido tres cuartas partes de la condena (artículo 98 del Código penal de 1973).

La ley exige que su aplicación sea la más favorable al reo y, desde luego, si no hay ley que permita una aplicación más desfavorable, por decirlo de alguna manera, el tribunal se debe abstener. En Derecho penal un vacío legal – que además no es éste el caso – no se suple con una doctrina (bautizada con el nombre de un terrorista, todo sea dicho), ni tampoco con jurisprudencia, ni mucho menos mal denominada “desfavorable”. Nulla poena sine lege. Esto no es nuevo porque precisamente hace poco más de 10 años que por lo mismo (con la ley aplicable, el Código penal de 1973) un convicto por terrorismo restó 17 años a su pena de prisión y cumplió sólo 13 años de los 30 años impuestos. Entonces nadie dijo nada. Da que pensar.

Aquí, con el debido respeto, no se trataba de crear una suerte de “jurisprudencia retroactiva más desfavorable” (el término en sí ya es una falacia), sino de aplicar la ley o, en su caso, de no aplicar una ley que no existe. Lo contrario es claramente atentatorio del principio de legalidad y, por ende, de los artículos 5 y 7 de la Convención Europea (que es lo que ha venido a resolver el TEDH), también de los artículos 9 y 25 de la Constitución española, etc. El propio Código penal vigente (desde 1995) establece en su Disposición transitoria primera que en cuanto entre en vigor será aplicable “… si es más favorable para el acusado…”. Por tanto no se trata de que ahora la jurisprudencia haya cambiado ni mucho menos de una supuesta – por denominarla de alguna manera – irretroactividad de la jurisprudencia desfavorable que es evidente que no existe. Lo que ha existido, lamentablemente, es una resolución judicial contralegem, por mal que nos sepa a todos, que ha tenido que corregir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, el artículo 7.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece que “… no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida…” y con la ley en la mano esto es así. Aplicando el artículo 70.2 del Código penal de 1973 (en este caso más favorable y por ley de debida aplicación) así como el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás artículos citados, esto es lo que hay: 30 años máximo de prisión (con el actual Código penal son 40 años, artículo 76 d), y reducción de pena de 1 día de prisión por cada dos días de trabajo. Hoy en día también hay beneficios penitenciarios (no es nada nuevo y a “… la totalidad de las penas…”, artículo 78.1 del Código penal).

Además del sufrimiento de las víctimas – y de toda persona decente – que ven cómo el asesino de su familia se pasea por el mismo barrio donde vive, no deja de ser doloroso que un tribunal, por muy europeo y supranacional que sea, haya tenido que enmendar una decisión del Tribunal Supremo y lo haya tenido que hacer no interpretando nada, dicho sea con el debido respeto, sino simplemente aplicando una ley sobradamente conocida por mucho que no se esté de acuerdo con ella. En esto también va de la mano el Tribunal Constitucional que inadmitió el recurso en su día interpuesto alegando que carecía de relevancia constitucional. Tenemos que reconocer que algo ha fallado – piensen qué – y también que ha habido una falta de responsabilidad principalmente política. Se sabía. Había personas que lo sabían. Que sabían que con esa ley no se podía hacer más contra el crimen y ahora vienen de la mano no sólo el dolor sino también la vergüenza. Que si no nos merecíamos lo primero, lo segundo tampoco por evitable. Estas son las consecuencias de no aplicar la ley, por mucho que en su día se intentase justificar con buenas intenciones (que por otro lado no lo pueden ser del todo si es a costa de saltarse la legalidad vigente). Si la ley que hay que aplicar no se comparte porque se entiende que la pena que prevé es insuficiente, el camino no son los tribunales sino el Parlamento, de modo que es ahí donde se puede hacer una ley que, por referir otros tipos delictivos, encarezca la estafa y la apropiación indebida (de hecho sigue saliendo muy barato estafar millones, y si no pregunten a los que van saliendo e irán saliendo de prisión). Luego resulta que cuando a alguien se le ha ocurrido proponer cadena perpetua o endurecer las penas que ya se contemplan, eso no da votos y no hay nada más de qué hablar.

Pero también es cierto que vivimos en un país de lamentables contrastes: por un lado miles de personas salen a la calle a manifestarse en favor de criminales, por otro no faltan personas (incluso con cargos públicos) que acogen con gestos amistosos – propios de impresentables – a quienes se sabe que delinquen, utilizan los amiguismos y se jactan de utilizar corruptelas para sus propios beneficios. A ello hay que añadir que también hacemos prensa y tele con todo ello (y la leemos y vemos casi todos, que también es otra forma de promocionar el delito). Así se encuentra uno con que, por poner un ejemplo más lejano que no hiera susceptibilidades plenamente actuales, hace no tanto tiempo que toda una Presidenta de la Comunidad de Madrid acudió al funeral público de un condenado repetidamente por delitos graves. Por cierto que a ese mismo funeral también acudió el actual Ministro de Justicia que por entonces también ostentaba un cargo público, siendo la misma persona que ahora se compadece de las víctimas. Algo no funciona y no es de ahora.

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ASUNTA, el secreto de sumario y el secreto profesional

Toda la sociedad, en mayor o menor medida, está conmocionada con la noticia de la muerte de la pequeña Asunta de 12 años de edad. Otra cosa son las reacciones que se han producido en torno a este hecho. Desde periodistas que se dicen “de investigación” que realizan programas aprovechando el tirón de la noticia y que evidentemente no lo hacen gratis, hasta incluso personas que se suponen profesionales que también barren para casa.

El morbo es social y económicamente interesante en una sociedad poco desarrollada, tan acostumbrada a meter la nariz en la vida privada del vecino. Si al pueblo se le puede excusar su ignorancia, que no su falta de respeto, a los profesionales no se les debe ni lo uno ni lo otro. No se puede tolerar que se afirme “estar ciego”, “no tener “ningún dato”, y por otro lado salir en las televisiones, entrevistas de periódicos y dar líneas de defensa y lo que es más grave, información sobre lo hablado con una persona que ahora mismo está imputada y que también tiene derecho a que no se revele lo que habla con su abogado defensor.

Tampoco se está pensando en las consecuencias nefastas que puede tener una conducta como ésta precisamente cuando se levante el secreto de sumario, que sin duda alguna tendrá lugar. A ver cómo se arregla entonces lo de que si “aparece algo en contra… se actuará en consecuencia”. ¿Quiere decir que se va a quedar sin defensa? ¿será más culpable de lo que es hasta ahora por el mismo hecho a juzgar? ¿Se le va a juzgar por la muerte de Asunta o por ello y lo que hemos hecho los demás después? El secreto profesional es un derecho elevado a categoría de Derecho Fundamental (artículos 18 y 24 de la Constitución española), pero también un deber contemplado tanto en el Estatuto General de la Abogacía española (artículo 32), como en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio del Poder Judicial /artículo 542.3, “Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional…”. Asimismo el artículo 2.3 del Código Deontológico de los Abogados de la Unión Europea. El abogado/a es custodio de la intimidad personal de su cliente (además relacionado con su derecho a no declarar y a no confesarse culpable).

Tampoco es de recibo calificar públicamente de nulo el Auto de una autoridad judicial, para eso están los tribunales y no los abogados/as ni los particulares. Por cierto que el Auto de prisión provisional de los padres de Asunta lo dictó el juez de instrucción a propuesta de la Fiscalía para la que no es secreta la causa y si se ha adoptado esta medida es de suponer que tiene un fundamento de hecho y de Derecho, y no suponer precisamente lo contrario. Ahora va a resultar que en un caso como éste toda la Fiscalía se equivoca, también los jueces y dictan un Auto que es nulo de pleno derecho por vulnerar la legalidad vigente y se da cuenta de ello uno que pasaba por allí y que “está ciego”, según sus propias palabras.

Basta ya de ruido y de desafortunadas declaraciones, de hacer “programas dramas” y de confundir a la opinión pública para seguir “teniendo audiencia”, que es lo que vende. Que se callen ya, que es otra forma de pedir respeto a la ley y a los tribunales de justicia. Afortunadamente la Exposición de motivos del borrador del nuevo Código penal ya prevé la posibilidad de una “comunicación pública” cuando el interés público lo reclame pero sin incurrir en revelaciones que pueden perjudicar el juicio. Ya está bien de ignorar las leyes. Si la ley no se aplica no puede haber justicia como tampoco la habrá si se juzga de manera distinta a la prevista en la ley. Esto es así incluso aunque a veces la aplicación de la ley no consiga que se haga toda la justicia que sería deseable (ya lo escribí en otro artículo).

Pero sin aplicar la ley no hay ni habrá justicia, se procura la inseguridad jurídica, antesala de la tiranía, y se hará lo que quieren unos pocos impresentables, por interés propio, que se dedican a hacer juicios de valor sobre las personas con independencia de los hechos a juzgar. En este circo mediático que se forma alrededor de un caso judicial, no sólo hay intereses económicos sino incluso quienes actúan con toda ilegalidad e incluso impunidad por animadversión personal contra la persona a juzgar. Ya ha ocurrido que dejando a un lado los hechos a juzgar, prescindiendo de lo que dice la ley y con absoluto desprecio a la forma prevista para juzgar, a una persona se le ha condenado como culpable antes de pisar el juzgado, para vergüenza de quienes lo han procurado pero también de quienes lo han consentido.

Tenemos una legislación excelente pero queda muchas veces en saco roto tanto por acción como por omisión. Por acción porque quienes se dedican a ir en contra de la ley (y no son pocos, a la vista está) sacan buen provecho de ello, conscientes de que se reacciona cuando es tarde y tan grande el daño que ya no tiene reparación. Por omisión porque muchos/as que lo están viendo no lo denuncian, no se quieren meter en problemas, sin que falten tampoco quienes felicitan a los delincuentes (es la mentalidad de quienes se lamentan de no haber estado en su lugar) o conviven con ellos como si no pasara nada (se consuelan pensando que “esto funciona así”).

Más respeto a los tribunales de justicia y a las personas que desde el silencio trabajan. Que se respete el secreto de sumario que para eso está y hay una ley que lo regula (artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). No sólo es importante ese silencio, o mejor dicho, la falta de ruido, sino necesario para trabajar, pero también para concienciar de que detrás de quienes no dejan hacer conforme a ley, hay intereses particulares y con trasfondo económico.

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D. Juan Carlos, Urdangarín y el principio de igualdad.

Ahora que por primera vez un miembro de la familia real se ha sentado como imputado para declarar por delitos graves, como la malversación de fondos públicos, prevaricación, etc., surge la cuestión, entre otras, de las consecuencias para la Casa Real y algunos de sus miembros en especial, siendo evidente que pasar por semejante bochorno de incalculables consecuencias no es plato de gusto para nadie.

Quiera o no el imputado, D. Iñaki Urdangarín, ha involucrado a otros miembros de la familia real y lo que es peor, ha puesto en boca de todos a la Monarquía española, que siempre ha hecho ímprobos esfuerzos por conseguir el reconocimiento del pueblo y estar a su lado, cosa que, todo hay que decir, ha conseguido con un papel fundamental en la transición a la democracia. Pero ahora aquello es pasado y son tiempos muy difíciles, con una crisis económica, social y política que al apretar sacude la mala leche de todos, y para colmo de males sólo faltaba que imputen a un miembro de la Casa Real haberse enriquecido con fondos públicos y con el único título de ser el yerno del Rey.

De hecho en el interrogatorio le han preguntado a Urdangarín si fue advertido por el Rey para que cesara en sus actividades y negocios, a lo que ha respondido afirmativamente. La pregunta, traducida en términos jurídicos, no es en balde, pues podría probar lo que se conoce como dolo o intención de seguir haciendo conscientemente lo que se sabe está penado por la ley o al menos no es de recibo, y si Urdangarín ha reconocido que le advirtieron está evidenciando su conducta consciente y dolosa de seguir haciendo lo que sabía que no debía hacer.

También es cierto que no todo el mundo tiene la fortuna de que le advierta el mismo Rey de España; en esto se reconocerá que no somos iguales. Pero tampoco es cierto que todos seamos iguales ante la ley (principio constitucional que consagra el artículo 14 de nuestra Carta Magna), pues tampoco se podría citar a declarar como testigo ni al Rey ni a la Reina ni a D. Felipe en virtud de lo dispuesto en el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por mucho que se empeñara el juez instructor, y nadie pone en duda que algo deben saber de todo esto e incluso tal vez corroborar o desdecir con su testimonio alguno de los hechos que se imputan.

Sea como fuere, lo cierto es que en el caso de D. Iñaki Urdangarín es evidente que ningún juez de instrucción le cita como imputado si no es porque hay evidencias de conducta delictiva. De hecho la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé en su artículo 269 entre otros, que los jueces de instrucción se abstendrán de todo procedimiento cuando una denuncia sea manifiestamente falsa o los hechos no revistieren carácter de delito. Pero aquí nos atrevemos a poner un plus de cautela, no porque un juez quiera hacer distinciones, sino porque la distinción ya le viene impuesta por la persona denunciada en cuestión,

 

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La ocupación alemana de Grecia

Ahora que Grecia se encuentra abocada a una quiebra que lleva de cabeza a toda Europa, resulta que aflora una supuesta deuda que se remonta al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 40. Sin contar los intereses, los diputados griegos se preguntan por la viabilidad jurídica de una demanda contra Alemania que podría superar los 56.000 millones de euros en concepto de indemnización a las víctimas de la ocupación nazi (1940-1941) pero también por el hecho de que fueron las autoridades griegas de aquella época (puestas a dedo por los nazis) quienes prestaron dinero a la Alemania de Hitler.

Teniendo en cuenta que la actual deuda griega supera los 350.000 millones de euros (no sabemos ni entendemos cómo se puede haber llegado a deber tanto ni tampoco a prestar tanto), no parece que el cobro de la pretendida indemnización alemana vaya a arreglar las cuentas griegas, ni siquiera, para evitar que el Ministerio de Educación griego tenga que dar vales a los niños de las escuelas para que se lleven un bocadillo a la boca ante la evidente desnutrición que padecen en sus casas.

La situación es más que dramática. Aquí se trata de que Alemania indemnice económicamente a civiles por los daños particulares que causaron sus soldados, lo que sentaría un precedente de inalcanzables consecuencias tanto económicas como políticas, sin perjuicio del supuesto préstamo que hizo Grecia a Alemania tras su ocupación y que no ha sido devuelto.

Se quiera que se indemnicen a las víctimas griegas o se devuelva el dinero prestado por un gobierno griego impuesto por los nazis, los diputados griegos tienen fácil la respuesta a sus pretensiones pues existe la posibilidad de realizar una consulta jurídica a este respecto a la propia Corte Internacional de Justicia según el artículo 65 de su Estatuto. Pero también es cierto que no parece que la solución se encuentre aquí después de que este tribunal haya denegado a los italianos la misma reclamación por algunas víctimas del horror nazi en su territorio (San Pancrazio y Corneia).

Nadie duda de que aquellos crímenes se cometieron en Grecia, como otros muchos y las víctimas no han sido resarcidas económicamente. Por otro lado tampoco ha habido en tantos años, o al menos no lo conocemos, una iniciativa de este tipo contra Alemania por parte de Grecia y es ahora, en un momento económico desastroso, cuando se acuerdan de estas reclamaciones. ¿No será que se han dado cuenta ahora de que Alemania ha vuelto a ocuparles pero sin  tropas y sin soldados, a base de deuda y de intereses?

La supuesta inmunidad alemana a las reclamaciones indemnizatorias de víctimas de sus tropas ya ha sido sentenciada porla CorteInternacionalde Justicia para el mismo supuesto con víctimas italianas, pero tampoco tengan duda de que actualmente, si se tratara de soldados griegos perpetrando los mismos crímenes que los soldados nazis en Grecia hace 70 años, las autoridades alemanas les juzgarían en Alemania y les obligarían a pagar millonarias indemnizaciones. Así lo contempla la legislación alemana en el artículo 2.7 dela Streitkräfteaufenthalte Gesetzpor el que los miembros de las fuerzas extranjeras están sujetos al Derecho alemán y en especial a su jurisdicción civil y penal.

 

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