Contra la violación de España: ley y unidad

21.01.16. Se quiera ahora o no, en el año 1978 nos dimos una Constitución, una ley, para “… los pueblos de España…” (Preámbulo) y con esta Carta Magna hemos funcionado durante más de treinta años, es un hecho, no lo vamos a discutir. A su amparo se constituyeron parlamentos autonómicos, se garantizó la expresión de la voluntad popular a través de las urnas y se sigue garantizando incluso la voz y el voto de aquellos que se llaman anticapitalistas y antisistema, aunque luego hagan todo tipo de piruetas y alianzas más que sospechosas para que el sistema les abone los millones de euros que les corresponden como grupo parlamentario, cuantos más millones mejor. Mucho hablar pero cuando llega la mosta no perdonan, es lo que hay. En la Constitución también nos dimos los mecanismos para reformarla (artículos 166 y siguientes). Aunque parezca de perogrullo, es evidente que para sacar las urnas y votar hay que regular (por ley, en este caso electoral) qué se pregunta, quienes pueden votar, cómo es el recuento de votos, quiénes cuentan los votos, cómo se les elige, etc. Se convendrá en que sin ley nada es posible en un Estado de Derecho, precisamente por eso, porque es de Derecho, es de ley; otra cosa serían otras formas políticas como la del Estado Islámico o la dictadura de Maduro, ésa que envidian algunos que dicen van asaltando cielos; ni siquiera para las expresiones trasnochadas que utilizan han sido originales, más o marx de lo mismo, agua muy pasada que llega a la putrefacción, no la beban, por muy cristalina que la vean.

Pero tan importante o más que una ley para sacar las urnas a la calle es la ley que garantiza que eso que se va a votar se va a reconocer, se va a cumplir. De otro modo, ¿para qué ir a votar si lo que se vota no tiene ninguna eficacia? Pues bien, precisamente por ley, por un Tratado Internacional, España pertenece a la Unión Europea y está sometida a sus leyes, es un hecho real, se quiera o no se quiera ver. Y ello nos reporta innumerables beneficios, se podría incluso decir que la supervivencia en un mundo marcado por la economía, se quiera o no, por la defensa ante el terrorismo internacional, por poner un ejemplo; también tenemos una moneda común más poderosa para poder competir, un status jurídico, incluso Tribunales supranacionales que también garantizan el cumplimiento de la ley en España y si no repasen las últimas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el cumplimento de condenas a terroristas etarras, enmendando la plana al mismísimo Tribunal Supremo, por mucho que duela. Hay ley y si no se cumple en España, Europa se encarga de que se cumpla, no lo duden, a los hechos me remito. Que se lo pregunten también a los griegos antitroika que ganaron las elecciones, no sé exactamente el trecho que les queda para tomar el cielo al asalto, pero debe quedar bastante todavía, por intentarlo que no quede, allá ellos y los que quieran engañarse. En todo caso que en España empiece la gente a darse cuenta de que algunos demagogos están ofreciendo pan y calefacción para conseguir votos y luego no es ésa la “emergencia”, ni pueden cumplir con lo que están diciendo.

Sin ley no puede haber Democracia, habría caos. El Estado de Derecho garantiza que haya Democracia o, dicho al revés, la Democracia se basa en la ley y en su cumplimiento. Y esto en España ya no es una cuestión nacional ni plurinacional, como la llaman mal algunos, sino una cuestión europea, supranacional. Por cierto que en España no hay naciones, en el sentido jurídico de la expresión nación, quien habla de plurinacionalismo o no sabe lo que dice o miente, y todo apunta a que una mentira más no debe importar mientras dé votos. España es sujeto de Derecho reconocido internacionalmente; Navalcarnero no, por mucho que sus habitantes saquen las urnas a la calle para decidir (no democráticamente porque no hay ley que les ampare) el fin de la ocupación española, o la anterior musulmana o incluso la de los mismos visigodos que no parecían tan beligerantes ahora que a algún muyaidín le ha dado por recuperar Córdoba, no sabemos si como resultado de sus urnas, pero seguro que si las saca a las calles de su pueblo votan todos a favor, faltaría más, siempre será mejor para sus intereses, y si hay que apelar a la Historia se apela, que fundamentos históricos consistentes no van a faltar, empezando por la propiedad de los muros que rodean aquella ciudad, que todavía lleva las marcas de las manos de sus antepasados. No nos vengan con milongas. Hoy en día, sacar las urnas sin una ley que lo ampare reconocida en Europa es un ejercicio vacuo de paletismo que no tiene precedentes allende fronteras. También una irresponsabilidad muy grande. Se está engañando al pueblo, pero también parte del pueblo quiere ser engañada porque quieren creer que así van a salir ganando sus intereses particulares de ave de corral, y por eso están hasta dispuestos a creer en aquella gran invasion que nunca se produjo o en el huevo que puso Dalí en la frontera con Castrourdiales, prueba de que allí pasó algo histórico y como tal debe ser reivindicado, con ley o sin ella, como dijo otro farsante que ha acabado por la puerta de atrás con la marca de la bamba en el trasero, y lo que le queda, le está bien emplerado.

Detrás de este ejercicio irresponsable de populismo electoralista, están los de siempre, los que alientan a la desobediencia, a la ilegalidad, al sentimiento ignorante, apelando incluso al odio, prometiendo que van a infringir la ley, que van a violarla, no puede haber una expresión más acertada. Lean un poco de Historia reciente y consulten los archivos históricos que narran con total objetividad lo que pasó en una ciudad de la Península ibérica – y con esta expresión no herimos los últimos sentimientos de algunos/as – cuando los anarquistas la tomaron. No hace tanto tiempo. Pero que no se engañen, son los mismos pero estamos en otros tiempos, ahora somos Europa con todas sus leyes, por fortuna pero también porque muchas personas se dejaron la vida luchando por conseguirlas, respétenlas, no se sirvan de ellas para violarlas.   Cuando se actúa contra la ley se dice que ha sido violada, es una acepción juridica que no puede ser más expresiva, más fuerte: violar. Utilizada también jurídicamente para significar la acción de abusar sexualmente de una persona contra su voluntad.

Ahora ya no vale, puños en alto por muchos que sean (que encima no son tantos), decir que nos pasamos la ley por el forro, que es lo mismo que violarla, ni tampoco vale afirmar que como unos cuantos de un pueblo deciden por todos los demás que hay que infringir la ley, pues entonces sea. Por cierto que esa ley que infringen y anuncian públicamente que van a infringir es la misma que les ha dado todo lo que tienen hasta ahora, incluido su mismo Parlamento. Somos así de cafres, de ignorantes. Y es que en España hay un concepto equivocado de la ley, precisamente por ignorancia. En otros sitios la ley es sagrada, se hace cumplir a toda costa, se sabe que es la garantía de seguridad, de igualdad, de civismo. Aquí parece que sólo está para cumplirla por temor o en caso de duda. No quiero tampoco ignorar a algún que otro carca que concibe la ley como algo subordinado a su moral, que por cierto va cambiando según los intereses del momento, de modo que cuando la ley va en contra de lo que concibe como un bien ultraterreno, entonces no la cumple, y eso que para conseguir dinero su moral no tiene ninguna cortapisa. Pero con todo ello y más, se quiera ver o no, España está blindada por ley nacional y europea, y tenemos todo el derecho a defenderla y a exigir que se respete. Si alguien quiere cambiar algo que vaya por el camino legalmente previsto, que no se equivoque ni se engañe ni engañe a los demás, no hay otro.

Pero si en España no falta ley que la protega, hay que reconocer que falta patria y ésta es, con alguna otra carencia de no menor calado, lo que explica qué está pasando. De seguir así, llegaremos a hablar de la reivindicación del cantón de Cartagena, al tiempo. Y falta patria porque no se ha rescatado la Historia reciente de España, no se han desenterrado ni nos han dejado desenterrar a muchos patriotas que no eran ni franquistas ni separatistas, ni azules ni colorados, y con ellos se quedó la patria que tanto nos hace falta, ahora especialmente. Por eso hablar de patria española se sigue asociando a la dictadura. Falta patria porque hemos dejado que, durante años, se manipule interesadamente la Historia en la escuela pública y se adoctrine a muchos niños en el odio a un país en el que cabemos todos. Por cierto, ¿en qué mente cabe infundir odio a un niño? ¿Y miedo? No estoy hablando de suposiciones, desafortunadamente. Vayan a determinadas escuelas y colegios y pregunten a los niños. Falta patria porque hemos dejado que la grosería de un monumento a un dictador se perpetúe en el tiempo como si no pasara nada, mirando para otro lado, bendiciones incluidas. Y falta patria porque en tu propio país no puedes ir con una bandera sin que te tilden de facha. Vayan a cualquier país de Europa y enseguida respirarán patriotismo y les va mucho mejor. Me viene a la cabeza la demostración de patriotismo de los franceses tras los tristes atentados de París y no puedo evitar recordar el 11 M y el espectáculo que dimos, mejor ni mentarlo, es muy doloroso. En España hace tiempo que mucho aldeano presume de aldea excluyente, así estamos y por ahí van muchos, con toda la dosis de ignorancia que les cabe entre las dos orejas, lo que da por resultado lo que en algunos sitios ha llegado a la esquizofrenia de vivir durante meses pendientes de no se qué asamblea de personas que se autocalifican como antisistema y anticapitalistas, a la vez que no pierden oportunidad de asociarse con quien sea y dentro del sistema con tal de medrar y engrosarse la buchaca, que cobrar están cobrando un capital. Pero no se equivoquen, se puede y se debe hacer patria en España, y se hará, ya es hora, tenemos todo el derecho, la ley nos ampara y Europa también.

 

P.D. Quien ha escrito este artículo no ha votado nunca al PP.

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Democracia y Ciudadanos (C´s)

Definición de conceptos básicos:

a) Democracia significa que el gobierno se atribuye a las personas que han conseguido mayor número de votos en unas elecciones en las que todos han podido participar en igualdad de condiciones y libremente

b) Elecciones primarias es el término empleado por los Partidos políticos para significar que las personas de su partido que se presentan a las Elecciones generales del país en cuestión han sido libre y democráticamente elegidas por los afiliados del Partido y al efecto se acompañan unas listas de dichos candidatos para presentar a las urnas y que vote el pueblo. Es decir que si un Partido político tiene 100.000 afiliados y dos se quieren presentar a Presidente del Gobierno se organizan unas elecciones primarias (primeras) para que los 100.000 afiliados voten cuál de los dos candidatos quieren que sea el que se presente a las Elecciones generales del país en cuestión. El más votado en esas elecciones primarias será el que el Partido presente en las listas (papeletas) para que el pueblo vaya a votar en las Elecciones generales. Otra cosa es que salga elegido finalmente Presidente pero se habrá garantizado la democracia, primero la interna del Partido político y luego la que podemos denominar externa al ser el pueblo en general quien elegirá al Presidente de su país.

Por extrapolación, lo dicho vale también para la elección a diputados y senadores del país en cuestión que son a la postre quienes luego cumplen o no su programa electoral y proponen leyes con ese objetivo y, como se ha visto, con alguno más, pero eso es harina de otro costal. A lo que aquí importa resulta que en https://www.ciudadanos-cs.org/nuestras-ideas/transparencia hay “Elecciones primarias para escoger a los candidatos de forma directa a través de todos los militantes”, por lo que, en principio se puede estar tranquilo, hay democracia, que por otro lado es lo que se está diciendo y exigiendo a otros partidos, faltaría más. Pero la realidad ha sido bien distinta y se la vamos a explicar, nos vemos obligados a ello, por mucho que defiendan que son casos aislados y excepcionales ya que la Democracia no admite excepciones, por una todas: resulta que, como se sabe, próximamente va a haber Elecciones generales en España (probablemente para noviembre o diciembre) y al efecto se acaban de celebrar elecciones primarias en Ciudadanos C´s para que los afiliados al partido puedan “escoger a los candidatos de forma directa” y de este modo se elabore la lista de personas que el Partido presentará a las urnas en las Elecciones generales.Claro que no es lo mismo figurar en el número 1 de esa lista que en el número 10 puesto que cuando se celebren Elecciones generales y el pueblo vaya a votar a las urnas, si el Partido ha obtenido 1000 votos y para tener un diputado hacen falta 800 votos, el único diputado de la lista que va a resultar elegido es el que aparece en la lista en el primer puesto, pues no llegan los votos para que vaya al Congreso quien ocupa el segundo lugar y no digamos el que está en el décimo puesto de la lista, que permanece con cara de tonto lo que tarda toda una legislatura en agotarse y a veces incluso más tiempo.

Pero ha habido una sorpresa y gorda, pues los mismos que han conducido al Partido con éxito a las puertas del Congreso lo han herido de muerte, desaprovechando la mejor oportunidad que había antes de las Elecciones Generales de dar un ejemplo de democracia interna, transparencia y regeneración democrática, que además ha sido una de las banderas con la que se está espoleando a otros Partidos políticos, para mayor desgracia y además grave. Tan grave que la herida es de muerte y no exageramos.

Así, lo que ha ocurrido es que algunos de los afiliados, convencidos de lo que se estaba pregonando, han solicitado presentarse como candidatos a las Elecciones primarias y se han encontrado con la imposibilidad de optar a ser votados por otros afiliados, pues no tenían avales. Qué es esto de los avales: resulta que la dirección del partido ha decidido “… quiénes son electores en el momento de la convocatoria…” (artículo 5.4.3.3 de los Estatutos publicados en la web de Ciudadanos; el Reglamento ya nos disculparán que no lo hayamos encontrado a pesar del esfuerzo pero, según cuentan, debe de existir). Es decir, que la dirección del Partido ha dicho quiénes tienen que ser las personas que encabezan esa lista que luego irá a las urnas y que será votada por el pueblo, y para disimular la imposición hecha acude a la necesidad de tener avales. Quiere ello decir que si un chico de Denia, afiliado del partido, decide presentarse para número 1 de la lista y que los demás afiliados le voten (los de su circunscripción de Alicante) debe reunir un número de avales previos sin el cual no puede ser candidato, es decir, que por mucho que los demás afiliados quieran votarle no pueden hacerlo porque a la hora de pinchar en el cuadrito de marras éste está inactivado con el siguiente slogan: candidatura cerrada; sólo ha habido una persona que ha reunido el número de avales necesarios para ser candidato/a al número 1, luego no hace falta votar (ya la han elegido unos pocos que dirigen el Partido, viva la democracia).

La maldad del sistema de avales es por lo menos triple por lo siguiente: en primer lugar porque el número de avales mínimo para poder ser candidato lo fija la dirección del Partido “en el momento de la convocatoria” de modo que quien quiere presentarse no sabe hasta el último día ni siquiera cuántos avales mínimos debe reunir para poder ser votado por los afiliados, es decir, que no puede ponerse ni un objetivo. En segundo lugar, porque quien decide presentarse para que los demás afiliados le voten como candidato número 1 de la lista no tiene medios para ponerse en contacto con muchos otros afiliados que sí que le darían avales, y tan solo llega a los que conoce personalmente o por sus propios medios. De hecho, desde esta redacción nos hemos enterado del chico de Denia que quería presentarse como candidato número 1 porque ha salido en prensa que ha impugnado las Elecciones primarias de C´s, si no ni siquiera nos habríamos enterado, fíjense lo difícil que ha sido saber que quería presentarse como candidato número 1 y que estaba solicitando avales. Para muestra un botón. Y en tercer lugar porque la dirección del Partido sí que tiene todos los medios para con cuatro llamadas de teléfono asegurarse de que el candidato que quiere imponer reúne el número de avales que previa y discrecionalmente ha fijado de modo que al ser el único/a que tiene los avales, ya no hace falta que los afiliados voten, mira por dónde ha salido por fin a relucir la verdadera democracia interna del carajo.

Pero que no se engañen ni engañen. Como decíamos, no hemos podido acceder al Reglamento, pero aun partiendo de que se cumpla con él y con los Estatutos, lo que no hay es Democracia, al menos como la entendemos y nos la han hecho ver. Miren ustedes, si cumplir lo dispuesto en un Reglamento es esto, que empiecen a hablar claro y a dejarse de gilipolleces de democracia interna, elecciones primarias, etc. Pero sobretodo que no se vaya con esto de bandera espoleando a los demás partidos y engañando al pueblo, que no se lo merece. Los errores se pagan y los adversarios políticos sabrán sacarle buen partido a lo que ha pasado, están en su derecho después de todo.

Probablemente llenarse de poder en poco tiempo lleva a este tipo de decisiones precipitadas y la ambición de ganar ha podido con las formas de conseguirlo, y si no se respetan las formas se pierde el fondo, por muchos e importantes motivos que se tengan para actuar como se ha actuado, con el inconveniente de que se ha ido haciendo bandera de esas mismas formas que luego no se cumplen y son además cruciales, eso mismo nos venían diciendo.

Probablemente los candidatos impuestos por el partido eran los mejores, no lo sé y quiero suponer que es así, pero la forma que se ha utilizado no es democrática, ni tiene que ver con la que nos estaban contando. Lo peor, y por otro lado mejor, es que ha dejado al descubierto que quienes aparecen como abanderados de la Democracia no creen en ella porque, a la hora de la verdad, no han actuado en consecuencia. Y las consecuencias son claras, se ha demostrado incapacidad de gestionar un proceso interno con la contradicción que supone para lo que venía propugnando el Partido como uno de sus slogans estrella, la regeneración democrática, luego tampoco se tiene ni la madurez ni la capacidad suficiente para gestionar otras cosas externas y menos de ámbito nacional. El pueblo sabrá discernir, eso esperamos.

Los mismos que han dirigido a Ciudadanos lo han herido de muerte, han sido y son sus peores enemigos, no tenían otros, y las expectativas eran inmejorables para lograr de una vez por todas que España diera un gran salto en democracia, que falta le hace. Tampoco se merecían esto quienes con toda ilusión habían puesto sus esperanzas en el proyecto y han sido pateados, una vez más. Les dejo con la música de uno de los pentagramas de los Estatutos de Ciudadanos (https://www.ciudadanos-cs.org/nuestras-ideas/ideario)

“La creciente desconfianza del ciudadano respecto de la política y de los políticos tiene su raíz en algunos vicios que han ido arraigando en estos años de democracia. Para regenerar la vida política es preciso mejorar la calidad de la democracia, especialmente en tres aspectos: primero, una reforma electoral que facilite la participación ciudadana en las instituciones representativas al objeto de que éstas reflejen más adecuadamente el peso electoral de cada partido; segundo, reforzar la democracia en el interior de los partidos; y, tercero, fomentar la libertad de expresión en los medios de comunicación con el fin de que sea real una opinión libre, sin la cual la democracia es permanentemente falseadaCiudadanos (C´s) se compromete a actuar en política, tanto en las instituciones como en la sociedad, conforme a los principios expuestos en este Ideario”

 

Ya…, oh yeah!

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Juicio a la Infanta Cristina, algunas consideraciones.

Como hace tiempo que leo y escucho las noticias principalmente por conocer lo que nos quieren hacer creer, ya disculparán que no vaya a profundizar en los argumentos legales que han llevado a una Infanta de España al banquillo de los acusados. No tengo la documentación y por ello no considero prudente darles una opinión fundada legalmente hablando. Simplemente me permito algunas consideraciones que, desde el punto de vista legal, podría hacer cualquier estudiante de Derecho, pero que no por ello pueden dejar de servir al lector para instruirse un poco ahora que está tan de moda hablar de la fase de instrucción penal, y lo que queda. Dicho sin ninguna técnica y para que ustedes lo entiendan, cuando se denuncia un hecho delictivo (un robo, una estafa, etc.), el juez de instrucción abre una fase (denominada de instrucción ) que tiene por objeto investigar lo que ha pasado (tomando testimonios, huellas, etc.) y en el momento en el que considera que hay evidencias de la comisión de unos hechos delictivos con los correspondientes medios de prueba para acreditarlos, entonces cierra la fase de instrucción y envía el expediente (los Autos) a otro tribunal que es el que se encarga de realizar el juicio con asistencia de público e intentando que en la sala declaren todos los testigos y se practiquen todas las pruebas para formar la convicción y dictar sentencia condenatoria o absolutoria. Así las cosas lo que ha ocurrido hasta ahora es que el juez de instrucción ha cerrado esta fase y ha considerado que hay suficientes argumentos y pruebas para que la Infanta Cristina haya de sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio correspondiente que celebrará otro tribunal, en este caso la Audiencia de Palma. En contra de lo que se dice en los medios de comunicación el juez de instrucción no la acusa (ni puede, legalmente hablando) sino que sólo es acusada por el sindicato Manos Limpias y por ello el juez puede considerar y de hecho considera que debe sentarse en el banquillo de los acusados. Tal es así que si nadie hubiera acusado a la Infanta el juez de instrucción no habría podido ordenar que se siente en el banquillo de los acusados para ser juzgada, porque es evidente que al no sostener nadie la acusación el día del juicio no habría acudido nadie a solicitar su condena y por ello la Audiencia de Palma (que es quien la va a juzgar y por tanto no la puede acusar) no habría podido condenarla. En España se permite que alguien ajeno a un procedimiento penal pueda acusar cuando considera que una persona ha delinquido. Es decir, que si yo sé que en Lugo alguien ha utilizado una tarjeta de crédito de un vecino para comprarle pañales a su bebé, puedo denunciar este asunto y acusar a la persona en cuestión de estafa y solicitar que se siente en el banquillo de los acusados y que se la condene. Estaría haciendo de acusación popular. Claro que es difícil que el Fiscal no acusara también – a los hechos me remito – porque tiene la obligación de perseguir los delitos (y de acusar y solicitar, en su caso, condena). Esta acusación popular debe diferenciarse de la acusación particular que es aquella que ejerce quien ha sido víctima del delito. Sería el supuesto de que en Lugo alguien hubiera utilizado mi propia tarjeta de crédito y en vez de comerme las angulas me hubiera pasado la tarde en Comisaría con un nudo en la garganta pensando en todos los gastos que estaría haciendo la persona que la encontró, de modo que tras la denuncia intentaría seguir las actuaciones del juez de instrucción y acudiría como acusación particular. En este caso hay un interés propio en recuperar la tarjeta y en vista de los pañales habríamos abandonado la caca y con ella el procedimiento, sin perjuicio de que el Fiscal (que es la acusación pública) hubiera podido interesar la continuación de las actuaciones y solicitar finalmente condena. Son tres por tanto las posibilidades de acusar: la acusación popular, la acusación particular y la acusación pública que corresponde al Ministerio Fiscal (que tiene la obligación de acusar cuando hay fundamento para ello). Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Pero en relación con la Infanta ahora empieza el retruécano, no se me ocurre otro palabro. Resulta que la única persona que sostiene la acusación de la Infanta Cristina es el sindicato Manos Limpias, pero no la Fiscalía ni tampoco la Abogacía del Estado (que defiende los intereses de la Agencia Tributaria). Y la primera cuestión es la siguiente: si a la Infanta se le acusa de dos delitos fiscales aunque sea indiciariamente tras una fase de instrucción hasta el punto de que el juez considera que debe sentarse en el banquillo de los acusados, ¿por qué el Abogado del Estado que defiende a la Agencia Tributaria no la acusa y considera que no debe celebrarse juicio contra ella? Sirva la misma pregunta para el Ministerio Fiscal que tampoco la acusa. La segunda cuestión es la siguiente: ¿qué ha provocado que un juez de instrucción no siga el criterio de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal – que se supone son lo más granado en este tipo de lides – y se quede apoyado en que es acusada por un tercero ajeno y gracias a ello la lleve a sentarse en el banquillo de los acusados? El juez tiene que tener clara conciencia de estar haciendo lo que debe, lo cual le honra, pues ante la presión a la que está sometido cualquiera busca una fisura por muy pequeña que sea para salir del paso, y en su caso con todo el apoyo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que no es moco de pavo. Quiero decir que si el juez hubiera resuelto que la Infanta no se sentara en el banquillo de los acusados siempre podría haberse escudado en que así lo consideró el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Pero ya se ve que el juez no ha encontrado ningún argumento para evitar el desastre al que se ha visto obligado (esté equivocado o no) llevando a una Infanta de España al banquillo de los acusados y no es aventurado decir que si hubiera tal argumento lo habría encontrado u otro se lo habría hecho ver, y de ser ello cierto quienes quedan al pie de los caballos son la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, pues convendrán en que no es normal que el juez de instrucción tire para adelante y dos instituciones del Estado dedicadas a este menester precisamente, vayan para atrás. Retruécano.

 

Yendo para atrás en el tiempo por cierto, el legislador (otro caballo de batalla de siempre), podía y debía haber considerado esta tesitura y evitarla, en vez de dedicarse a promulgar leyes electoralistas que por otro lado dan de comer más de una gamba y algún que otro chipirón en su tinta a esos “compendios de sabios” que van de aquí para allá dándonos el curso y la conferencia previo pago directo e indirecto y de paso intentando aumentar sus emolumentos con publicaciones oportunistas, sin que falten los que encima se dedican a publicar sus moralinas, hay que tener cara dura, el mejor patrimonio con el que cuentan, la verdad sea dicha. Y es que si no hay previsión no puede haber desarrollo. El legislador español ha perdido muchas oportunidades de evitar tragedias, ya lo hemos comentado en otros artículos anteriores y todo parece apuntar a que se seguirán sucediendo, pues no se hace nada por cambiar esta inercia. Pregúntense por qué, conocen la respuesta y dejen de seguir haciendo lo políticamente correcto, por el país se lo pedimos. Como ciudadanos y como patriotas no nos merecemos a una Infanta en el banquillo y menos en contra del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. En otros países de nuestro entorno la Infanta no se habría sentado en el banquillo de los acusados. Alguno pensará que porque no hay Infantas y en eso tiene razón, pero también porque aunque las hubiera la ley no lo habría permitido. Aquí hemos vivido los últimos acontecimientos en relación con este asunto pendientes de la doctrina Botín y de la doctrina Atutxa, con interpretaciones sobre si debe sentarse o no una persona en el banquillo, cuando en cualquier país desarrollado la cuestión estaría zanjada por ley y punto, máxime cuando la ley procesal no admite analogías. Hemos tenido tiempo de sobra para desarrollar un precepto legal de tres líneas y no se ha hecho (y eso que por lo que se ve, quienes se tendrían que dedicar a ello tienen tiempo de sobra para zascandilear por un lado y para estar muy ocupados en sus limbos por otro, dependiendo de lo que quieran hacer ver). Aparte de ello si se tiene Fiscalía es para algo y no de adorno en una instrucción en la que se está imputando a una Infanta y con ella a todos los que tenemos patria, que somos muchos, y de muchos colores, afortunadamente. Por cierto que hablar de patria no es de ser necesariamente conservador ni de mentalidad antigua como dicen algunos/as que van de modernos/as y llevan toda su vida sin poder salir de su mentalidad paletil (que es la más antigua, por cierto). Hagan el mínimo esfuerzo en fijarse en los hechos y no en lo que, como dice el juez instructor, hacen algunos/as que viven de ello, esto es, “Se lanza una afirmación que no responde a la verdad con la esperanza de que siempre habrá alguien que la asuma sin comprobarla” (Auto de 9 de enero de 2015, Diligencia previas 2677/2008, Pieza separada número 25).

 

Pero por si fuera poco, en este querido país cuna de El Quijote, no podía faltar que se pretenda juzgar a una Infanta de España como a otra persona más, cuando no lo es y lo que es más chocante, nadie del pueblo ni se ha extrañado ni se extraña de ello, nacimos con ella y no todos hemos tenido que llevar al colegio al Rey cuando era pequeño, ni cantarle villancicos en Navidad, qué le vamos a hacer, no somos iguales, y no nos ha causado ningún trauma. Lo peor es que desde altas instancias se están empeñando en hacernos ver que no hay diferencias y resulta que el pueblo las tiene asumidas desde siempre, sencillamente porque no somos iguales. Es más, si en algo la Infanta no está siendo una persona más, tanto que se pretende que seamos iguales, es en lo que le afecta estar imputada, aunque a todo el mundo le afecte, pero a ella más y con ella a todos los que queremos a nuestro país, incluidos aquellos que no comparten la institución monárquica. Para que la ley sea igual para todos debe diferenciar a los que son diferentes, y una Infanta lo es, como lo es un magistrado del Tribunal Supremo que haya de ser juzgado o el embajador de un país extranjero en España. También en esto ha faltado una previsión legal, y no era tan difícil, con tanto ego suelto y pagado. Como decíamos, en países de nuestro entorno la Infanta no se habría sentado en el banquillo de los acusados. Por poner el ejemplo de uno de los Ordenamientos de referencia no sólo en Europa sino en todo el mundo, la Ordenanza procesal alemana no contempla la posibilidad de ejercer la acusación popular. Mutatis mutandis la ermittlungsverfahren (fase de investigación alemana) culmina con la apertura de juicio oral, es decir, con la decisión de sentar a una persona en el banquillo si lo solicita la Fiscalía. Por algo será que en Alemania no hay acusación popular que pueda ejercitar la acción penal frente a una persona, con independencia de que sea de las que se atusa o de las que calce botín.

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“Podemos” (hacer que nos gobierne una nueva “casta”)

Como soy patriota y quiero a mi país, no puedo dejar de expresarle mis condolencias. Lo digo porque ya históricamente – repasen por favor los hechos históricos más que la Historia (esa que nos cambian en cada escuela a son del interés aldeano de turno) – el fenómeno de “Podemos” se repite, no es nada nuevo y muchos otros antes lucharon contra “la casta”. Repasen los discursos parlamentarios de la España de los treinta, aunque se pueden citar hechos mucho más antiguos, con grupos que preconizaban el fin de la clase política, de la alienación, de la eliminación de la burguesía, del poder para el pueblo y por el pueblo, etc. Resulta sumamente atractivo en este momento luchar contra la casta, esa especie de grupo de privilegiados culpables de la desigualdad, de la falta de empleo, de “los vuelos o barcos de deportación de inmigrantes” (punto 4.3 del programa de Podemos), “de los programas contra la inmigración” (4.3), de la deuda hipotecaria de muchas familias “con dificultades para afrontar el pago de los préstamos” (3.7), de que muchas más personas de las que parece se compraran el chalé (bungalow, etc.) sin ninguna necesidad con dinero que les prestó el banco y ahora no puedan devolverlo, y por supuesto que la casta también es culpable de que vengan miles de inmigrantes a nuestro país y no se les reconozca la “Libre circulación y elección de… residencia y… garantía de plenos derechos…” (4.3), etc., y de muchas cosas más. La casta es culpable de todo y hay que luchar contra ella. Por cierto que Orwell ya lo expresó muy bien y su visión fue muy anterior a 1984.

 

No quiero hacer largo el discurso porque la estafa de este partido político, básicamente, descansa en lo siguiente: luchemos contra la casta, que ya crearemos nosotros una nueva si llegamos al poder. De hecho, su propio programa político es prueba de lo anterior. Así, por citar un punto, cuando afirma la “… supeditación (del Banco Central Europeo, nada más y nada menos) a las autoridades políticas…” (1.3), es decir a la casta, sean los actuales o se supone que ellos si llegan al poder (y la materia humana con poder es la misma, es decir, se comporta de la misma manera). O por ejemplo, cuando afirma la incorporación de sus viviendas “… al parque público…” (3.7) que ya lo gestionará alguien (otra casta y nadie se va a aprovechar de su posición para llenarse los bolsillos, éste es un país de personas mayoritariamente honestas que nunca se llevarían un euro al bolsillo procedente del “parque público”).

 

Y es que la casta, esos desalmados que mandan, es consustancial a todo sistema político. Alguien tiene que mandar y, afortunadamente, hay mecanismos en el sistema para controlar, lo que ocurre es que muchas veces nadie se atreve a actuarlos y muchos que pueden (políticos sobretodo) miran para otro lado, no quieren trabajar y no quieren problemas. Por eso surgen los de Podemos y los de no podemos (que somos muchos más mirando para otro lado ante la injusticia, la corrupción, la desigualdad, etc). En este país no hace falta un partido nuevo que se aproveche de la mala situación que vivimos y de un gran número de personas en situación de necesidad, para recabar votos y organizar su particular “casta”, a la que van derechos por mucho que la critiquen. Hay innumerables hechos históricos que nos han enseñado que estas posiciones (inmaduras) de ir radicalmente en contra (como si nadie más se hubiera dado cuenta antes) les convierte en eso mismo que están criticando. Tesis, antítesis, síntesis y vuelta a empezar. Lo que postulan en relación con la casta no es posible salvo que se vaya cada uno a una isla y la habiten individualmente (ahí por cierto sí que pueden proclamar el “Fin de la política de externalización de fronteras”, 4.3). Qué fácil es hacer política irresponsable llenando de sueños la cabeza mal formada de tanta gente ignorante en situación de necesidad y de algún que otro cabeza de chorlito que profetiza desde su despachito de la Universidad, sin tener ni puta idea de lo que pasa cuando, por ejemplo, “abres fronteras” (cfr. 4.3). Les invito a que sean ellos los que se pongan delante de esa masa de gente inmigrante en el momento de “Eliminación de las vallas fronterizas” (4.3), y sean ellos las víctimas de asesinatos, robos y violaciones (soy testigo directo y puedo hablar de ello). Que se dejen de gilipolleces y utilicen los cauces legales para denunciar al corrupto, para denunciar la injusticia, para trabajar en vez de hacer política barata (por muchas personas que les voten; por cierto, les recuerdo que también a Hitler le eligieron democráticamente).

 

Para esto me quedo como estoy, consciente de que el sistema es mejorable, pero desde dentro, con hechos, trabajo, denuncias, tribunales, control parlamentario, actividad política sí, pero construyendo desde dentro, no destruyéndolo todo para volver a construir algo que ya existe. En todo este tiempo de democracia, aunque haya algún que otro dinosaurio, todo sea dicho, hay muchas cosas buenas y mucho que mejorar, pero si son ustedes verdaderamente patriotas no nos vengan con mentiras, no engañen al pueblo, no sean ustedes casta anticasta.

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La víctimas del terrorismo piden a gritos el cumplimiento de la ley.

Y esto precisamente es lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No sólo se cumplen los artículos 7 y 5 de la Convención Europea sino los artículos 9 y 25 de la mismísima Constitución española (principio de legalidad) y por ende la ley vigente en el momento de comisión de los hechos. Nulla poena sine lege. Es decir que hace falta una ley para que alguien se vaya a la cárcel (artículo 25 de la Constitución española), o lo que es lo mismo, una ley que determine, con anterioridad a la comisión de los hechos, cuáles se deben castigar, qué tipo de pena es aplicable a esos hechos (prisión, multa, etc.), por cuánto tiempo (30 años de prisión, cadena perpetua, etc.). Esto es vital en un Estado de Derecho. De otro modo la tiranía camparía a sus anchas y se volverían a encender hogueras para llevar a quienes les dé la gana a unos pocos, con un simple juicio de valor interesado. No es nuevo, ya ha pasado, revisen la historia más reciente, no hace falta remontarse a la época de los visigodos.

Lo he simplificado para que se entienda pero al lado de esa ley que debe existir antes de la comisión de los hechos también existió y existe actualmente otra que regula una serie de beneficios que reducen el tiempo de prisión de los condenados (artículo 78.1 del Código penal). Existe en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno y consiste en ir aplicando reducciones del tiempo de estancia en prisión por el hecho de tener un buen comportamiento, realizar trabajos, estudios universitarios durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad, etc. Esto se sabe y es público, tampoco nadie se ha manifestado en contra.

La cuestión que ha desencadenado toda la controversia en España, con la consabida y frecuente confusión, estriba en que no es lo mismo aplicar esos beneficios a la pena de 30 años de máximo cumplimiento según el Código de 1973 que a cada una de las penas que se le han ido imponiendo a un criminal que ha llegado a sumar más de 2.000 años de prisión (y que puede impresionar a los más legos, pero la realidad es que según el Código citado el máximo de prisión a cumplir son 30 años y según el vigente 40 años).

Resulta por tanto que, según la legislación aplicable y en concreto el artículo 70.2 del Código penal de 1973, el límite máximo de cumplimiento es el de 30 años de prisión (incluso si se tratara de penas impuestas en diferentes juicios como es el caso). Su artículo 100 se refería a la “Redención de penas por el trabajo” y estableció la reducción de un día de prisión por cada dos de trabajo (artículo 100 del Código penal de 1973), de modo que la pena de prisión se veía doblemente reducida (por un lado porque se establecía un límite máximo de 30 años aunque se hubieran acumulado condenas por más de 2.000 años y por otro lado porque los beneficios de reducción de tiempo de prisión eran considerables y todo ello según lo legalmente previsto). Además, también la ley contemplaba la posibilidad de salir de prisión habiendo cumplido tres cuartas partes de la condena (artículo 98 del Código penal de 1973).

La ley exige que su aplicación sea la más favorable al reo y, desde luego, si no hay ley que permita una aplicación más desfavorable, por decirlo de alguna manera, el tribunal se debe abstener. En Derecho penal un vacío legal – que además no es éste el caso – no se suple con una doctrina (bautizada con el nombre de un terrorista, todo sea dicho), ni tampoco con jurisprudencia, ni mucho menos mal denominada “desfavorable”. Nulla poena sine lege. Esto no es nuevo porque precisamente hace poco más de 10 años que por lo mismo (con la ley aplicable, el Código penal de 1973) un convicto por terrorismo restó 17 años a su pena de prisión y cumplió sólo 13 años de los 30 años impuestos. Entonces nadie dijo nada. Da que pensar.

Aquí, con el debido respeto, no se trataba de crear una suerte de “jurisprudencia retroactiva más desfavorable” (el término en sí ya es una falacia), sino de aplicar la ley o, en su caso, de no aplicar una ley que no existe. Lo contrario es claramente atentatorio del principio de legalidad y, por ende, de los artículos 5 y 7 de la Convención Europea (que es lo que ha venido a resolver el TEDH), también de los artículos 9 y 25 de la Constitución española, etc. El propio Código penal vigente (desde 1995) establece en su Disposición transitoria primera que en cuanto entre en vigor será aplicable “… si es más favorable para el acusado…”. Por tanto no se trata de que ahora la jurisprudencia haya cambiado ni mucho menos de una supuesta – por denominarla de alguna manera – irretroactividad de la jurisprudencia desfavorable que es evidente que no existe. Lo que ha existido, lamentablemente, es una resolución judicial contralegem, por mal que nos sepa a todos, que ha tenido que corregir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, el artículo 7.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece que “… no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida…” y con la ley en la mano esto es así. Aplicando el artículo 70.2 del Código penal de 1973 (en este caso más favorable y por ley de debida aplicación) así como el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás artículos citados, esto es lo que hay: 30 años máximo de prisión (con el actual Código penal son 40 años, artículo 76 d), y reducción de pena de 1 día de prisión por cada dos días de trabajo. Hoy en día también hay beneficios penitenciarios (no es nada nuevo y a “… la totalidad de las penas…”, artículo 78.1 del Código penal).

Además del sufrimiento de las víctimas – y de toda persona decente – que ven cómo el asesino de su familia se pasea por el mismo barrio donde vive, no deja de ser doloroso que un tribunal, por muy europeo y supranacional que sea, haya tenido que enmendar una decisión del Tribunal Supremo y lo haya tenido que hacer no interpretando nada, dicho sea con el debido respeto, sino simplemente aplicando una ley sobradamente conocida por mucho que no se esté de acuerdo con ella. En esto también va de la mano el Tribunal Constitucional que inadmitió el recurso en su día interpuesto alegando que carecía de relevancia constitucional. Tenemos que reconocer que algo ha fallado – piensen qué – y también que ha habido una falta de responsabilidad principalmente política. Se sabía. Había personas que lo sabían. Que sabían que con esa ley no se podía hacer más contra el crimen y ahora vienen de la mano no sólo el dolor sino también la vergüenza. Que si no nos merecíamos lo primero, lo segundo tampoco por evitable. Estas son las consecuencias de no aplicar la ley, por mucho que en su día se intentase justificar con buenas intenciones (que por otro lado no lo pueden ser del todo si es a costa de saltarse la legalidad vigente). Si la ley que hay que aplicar no se comparte porque se entiende que la pena que prevé es insuficiente, el camino no son los tribunales sino el Parlamento, de modo que es ahí donde se puede hacer una ley que, por referir otros tipos delictivos, encarezca la estafa y la apropiación indebida (de hecho sigue saliendo muy barato estafar millones, y si no pregunten a los que van saliendo e irán saliendo de prisión). Luego resulta que cuando a alguien se le ha ocurrido proponer cadena perpetua o endurecer las penas que ya se contemplan, eso no da votos y no hay nada más de qué hablar.

Pero también es cierto que vivimos en un país de lamentables contrastes: por un lado miles de personas salen a la calle a manifestarse en favor de criminales, por otro no faltan personas (incluso con cargos públicos) que acogen con gestos amistosos – propios de impresentables – a quienes se sabe que delinquen, utilizan los amiguismos y se jactan de utilizar corruptelas para sus propios beneficios. A ello hay que añadir que también hacemos prensa y tele con todo ello (y la leemos y vemos casi todos, que también es otra forma de promocionar el delito). Así se encuentra uno con que, por poner un ejemplo más lejano que no hiera susceptibilidades plenamente actuales, hace no tanto tiempo que toda una Presidenta de la Comunidad de Madrid acudió al funeral público de un condenado repetidamente por delitos graves. Por cierto que a ese mismo funeral también acudió el actual Ministro de Justicia que por entonces también ostentaba un cargo público, siendo la misma persona que ahora se compadece de las víctimas. Algo no funciona y no es de ahora.

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ASUNTA, el secreto de sumario y el secreto profesional

Toda la sociedad, en mayor o menor medida, está conmocionada con la noticia de la muerte de la pequeña Asunta de 12 años de edad. Otra cosa son las reacciones que se han producido en torno a este hecho. Desde periodistas que se dicen “de investigación” que realizan programas aprovechando el tirón de la noticia y que evidentemente no lo hacen gratis, hasta incluso personas que se suponen profesionales que también barren para casa.

El morbo es social y económicamente interesante en una sociedad poco desarrollada, tan acostumbrada a meter la nariz en la vida privada del vecino. Si al pueblo se le puede excusar su ignorancia, que no su falta de respeto, a los profesionales no se les debe ni lo uno ni lo otro. No se puede tolerar que se afirme “estar ciego”, “no tener “ningún dato”, y por otro lado salir en las televisiones, entrevistas de periódicos y dar líneas de defensa y lo que es más grave, información sobre lo hablado con una persona que ahora mismo está imputada y que también tiene derecho a que no se revele lo que habla con su abogado defensor.

Tampoco se está pensando en las consecuencias nefastas que puede tener una conducta como ésta precisamente cuando se levante el secreto de sumario, que sin duda alguna tendrá lugar. A ver cómo se arregla entonces lo de que si “aparece algo en contra… se actuará en consecuencia”. ¿Quiere decir que se va a quedar sin defensa? ¿será más culpable de lo que es hasta ahora por el mismo hecho a juzgar? ¿Se le va a juzgar por la muerte de Asunta o por ello y lo que hemos hecho los demás después? El secreto profesional es un derecho elevado a categoría de Derecho Fundamental (artículos 18 y 24 de la Constitución española), pero también un deber contemplado tanto en el Estatuto General de la Abogacía española (artículo 32), como en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio del Poder Judicial /artículo 542.3, “Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional…”. Asimismo el artículo 2.3 del Código Deontológico de los Abogados de la Unión Europea. El abogado/a es custodio de la intimidad personal de su cliente (además relacionado con su derecho a no declarar y a no confesarse culpable).

Tampoco es de recibo calificar públicamente de nulo el Auto de una autoridad judicial, para eso están los tribunales y no los abogados/as ni los particulares. Por cierto que el Auto de prisión provisional de los padres de Asunta lo dictó el juez de instrucción a propuesta de la Fiscalía para la que no es secreta la causa y si se ha adoptado esta medida es de suponer que tiene un fundamento de hecho y de Derecho, y no suponer precisamente lo contrario. Ahora va a resultar que en un caso como éste toda la Fiscalía se equivoca, también los jueces y dictan un Auto que es nulo de pleno derecho por vulnerar la legalidad vigente y se da cuenta de ello uno que pasaba por allí y que “está ciego”, según sus propias palabras.

Basta ya de ruido y de desafortunadas declaraciones, de hacer “programas dramas” y de confundir a la opinión pública para seguir “teniendo audiencia”, que es lo que vende. Que se callen ya, que es otra forma de pedir respeto a la ley y a los tribunales de justicia. Afortunadamente la Exposición de motivos del borrador del nuevo Código penal ya prevé la posibilidad de una “comunicación pública” cuando el interés público lo reclame pero sin incurrir en revelaciones que pueden perjudicar el juicio. Ya está bien de ignorar las leyes. Si la ley no se aplica no puede haber justicia como tampoco la habrá si se juzga de manera distinta a la prevista en la ley. Esto es así incluso aunque a veces la aplicación de la ley no consiga que se haga toda la justicia que sería deseable (ya lo escribí en otro artículo).

Pero sin aplicar la ley no hay ni habrá justicia, se procura la inseguridad jurídica, antesala de la tiranía, y se hará lo que quieren unos pocos impresentables, por interés propio, que se dedican a hacer juicios de valor sobre las personas con independencia de los hechos a juzgar. En este circo mediático que se forma alrededor de un caso judicial, no sólo hay intereses económicos sino incluso quienes actúan con toda ilegalidad e incluso impunidad por animadversión personal contra la persona a juzgar. Ya ha ocurrido que dejando a un lado los hechos a juzgar, prescindiendo de lo que dice la ley y con absoluto desprecio a la forma prevista para juzgar, a una persona se le ha condenado como culpable antes de pisar el juzgado, para vergüenza de quienes lo han procurado pero también de quienes lo han consentido.

Tenemos una legislación excelente pero queda muchas veces en saco roto tanto por acción como por omisión. Por acción porque quienes se dedican a ir en contra de la ley (y no son pocos, a la vista está) sacan buen provecho de ello, conscientes de que se reacciona cuando es tarde y tan grande el daño que ya no tiene reparación. Por omisión porque muchos/as que lo están viendo no lo denuncian, no se quieren meter en problemas, sin que falten tampoco quienes felicitan a los delincuentes (es la mentalidad de quienes se lamentan de no haber estado en su lugar) o conviven con ellos como si no pasara nada (se consuelan pensando que “esto funciona así”).

Más respeto a los tribunales de justicia y a las personas que desde el silencio trabajan. Que se respete el secreto de sumario que para eso está y hay una ley que lo regula (artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). No sólo es importante ese silencio, o mejor dicho, la falta de ruido, sino necesario para trabajar, pero también para concienciar de que detrás de quienes no dejan hacer conforme a ley, hay intereses particulares y con trasfondo económico.

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