La España confinada

Desde que se declaró el Estado de alarma por la pandemia he querido escribir este artículo para Clave Jurídica pero tampoco quería poner ninguna piedra por pequeña que fuera en el zapato de quienes se han irrogado el papel de salvadores de la nación a la vez que han ido dando muestras de absoluta incompetencia, también con la dicción de normas que se han ido acatando con solidaria sumisión. Un caos de consecuencias letales porque después del tiempo que han tenido para pensar y todos los que están a sueldo para ello, han llegado a comprar y descomprar, afirmar que hacíamos más test que nadie y luego era falso que hubiera test, todavía no hay y es fundamental para la desescalada, carencia total de material sanitario, reparto de mascarillas defectuosas, etc., en definitiva diciendo una cosa y al día siguiente otra, para acabar tratándonos de tontos, pues finalmente lo máximo que han reconocido ha sido un error de comunicación y que no se han sabido expresar. Los niños al super y luego no, ha sido un error de expresión, ya. Todo apunta a que si para una cosa sencilla no se han sabido expresar, para la gestión de una pandemia se han ido cumpliendo los peores augurios, y ahí están todos nuestros muertos, incluidos médicos y demás personal sanitario contagiados por falta de material o por resultar deficiente, algunos llegando a perder la vida. En cuanto al confinamiento “estricto” no me ha sorprendido la conducta de la gente porque si se nos pide algo que entendemos solidario lo acatamos como así ha sido, lo que me ha sorprendido es la falta de voces autorizadas ante decisiones del Ejecutivo que, con el debido respeto, vulneran los más elementales principios y derechos de nuestro Ordenamiento jurídico. Habrá quien diga que con tal de salvar vidas humanas y evitar la propagación del virus todo vale pero se equivoca, ya que tras la crisis sanitaria quedan secuelas que de poder evitarse se habrían tenido que evitar. Una de ellas y por ello este artículo, es la vulneración de nuestros Derechos más importantes como el respeto al principio de legalidad, no hay pena sin ley, el Derecho a la libertad de expresión o el Derecho a la libre circulación de las personas, confinadas todavía a día de hoy y llevamos así 42 amaneceres. Tal vez han sido muchas las voces que se han alzado y no me he enterado, pero desde luego en la prensa diaria ni mu, sorprendente, y si no se habla de Derechos Fundamentales ante una situación como la que estamos viviendo es que algo muy importante no funciona. Me pregunto qué es lo que ocurre para que en un país en el que se han llegado a movilizar miles de personas por la muerte de un perro nadie diga nada cuando se pisotean sus más elementales derechos, como la libertad de circulación o de expresión. A los pocos días de declararse el Estado de alarma conversé con una de las pocas personas que se ha conocido que planteó un recurso contra el confinamiento, y recientemente se le ha inadmitido por falta de competencia del tribunal en cuestión que no viene al caso ni citarlo, pero esto sí que se ha publicado y por eso se ha conocido. Vaya por delante que se escribe con absoluto respeto a las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios y en especial a nuestros mayores, el colectivo más vulnerable en esta situación de pandemia por la que el Gobierno de España declaró el Estado de alarma por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo con una serie de medidas que, con el debido respeto, son del todo cuestionables. Por un lado por imperativo del Principio de legalidad, que no permite sancionar por incumplimiento de las medidas que establece el mencionado Decreto, y de hecho se está acudiendo a la Ley de Seguridad ciudadana para sancionar, Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, la llamada Ley mordaza, la misma que el Partido en el Gobierno criticó tan duramente a su artífice, el Gobierno de Rajoy. Otra contradicción más. Me vienen a la cabeza escenas de políticos que tan duramente criticaron esta ley e incluso que vienen atacando a las Fuerzas de Seguridad desde hace años, llegando a apoyar públicamente a personas que dejaron tetrapléjico a un policía lanzándole una piedra, y ahí estuvo desde la amiga del actual Ministro de Universidades – por cierto que no se sabe dónde está aparte de cobrando su sueldo – que apoyó al de la piedra hasta convertirlo en víctima, documental incluido, sin que faltara por el circo la presencia del actual Vicepresidente del Gobierno, confeso anticapitalista de chalet comprado con financiación bancaria a golpe de talón millonario y a cuenta de un más que generoso salario que pagamos todas y todos los españoles, dietas y desplazamientos incluidos en plena pandemia. Por falta de dinero para desplazarse a las residencias no ha sido y ahí están sus trágicos resultados, todavía no se sabe el número de ancianos muertos en residencias y que ni siquiera se tienen en cuenta en el triste cómputo oficial diario. Lo cierto es que el grado de discrecionalidad que deja la mencionada Ley de Seguridad ciudadana a los policías es amplio, y si a ello se une que es la palabra del ciudadano/a contra la de la autoridad y que prevalece esta última, concluyan ustedes a la hora de ser denunciado por “resistencia” o “desobediencia” a la autoridad. El mencionado Real Decreto no contempla la sanción a la ciudadana/o, pero se está utilizando como instrumento para sancionar en base a la Ley de Seguridad ciudadana, por desobediencia o resistencia, lo cual habrá que referir a cada caso concreto pero no deja de ser una chapuza legal más y deja toda base para plantear, desde recursos de amparo hasta cuestiones de inconstitucionalidad por vulneración de Derechos Fundamentales, principalmente por vulneración del Principio de legalidad, nulla poena sine lege. Con todo, habrá que estar al caso concreto, siendo evidente que a estas alturas de pandemia si la Policía se topa con un grupo de personas haciendo una barbacoa, de este solo hecho se puede inferir que hay una resistencia o en su caso desobediencia suficientemente grave como para entender de aplicación la Ley de Seguridad ciudadana, pero esto lo estoy escribiendo yo, no lo menciona ningún artículo legal (nulla poena sine lege). Dejando a un lado el principio de legalidad, aunque daría para escribir un libro que leer sin descanso a más de un impresentable políticamente posicionado, quería referirme más especialmente al confinamiento al que nos ha sometido este Gobierno con tanto progre plurinacional “monomarental” y demás palabros que suenan bien para la movilización y la captación de votos aunque no signifiquen nada e incluso supongan un agravio sin precedentes para lo poco que nos queda incólume en este querido país, nuestra propia lengua. No la maltraten más, por favor. El hecho es que el artículo 7 del mencionado Real Decreto se refiere a la Limitación de la libertad de circulación de las personas, obligándonos a permanecer confinados en casa salvo las actividades que menciona como ir al supermercado, etc. Lo de poder hacer ejercicio al aire libre con todas las medidas de seguridad y distancia está prohibido, tampoco se puede pasear libremente, ni circular manteniendo todas las medidas de higiene y aislamiento recomendadas por las autoridades sanitarias. Si se tiene en cuenta que esta medida afecta al Derecho Fundamental a la libre circulación de los españoles y españolas del artículo 19 de la  Constitución no se entiende que se adopte una medida de confinamiento tan restrictiva – y el Presidente del Gobierno encima presuma de ello – que no esté justificada por razones de salud pública. Busquen una sola razón sanitaria en la que basar la prohibición de salir solo a la calle a hacer ejercicio físico con todas las medidas de seguridad. Lo que encontrarán serán razones de salud pública para recomendar precisamente salir a hacer ejercicio, pasear en familia, etc. Así lo han entendido otros países como Alemania o Francia y es lógico. Y además hay más riesgo de contagio yendo a un supermercado que a estirar las piernas libremente por un amplio paseo marítimo o por una vía ajardinada de las muchas que hay en nuestras ciudades. No digamos ya lo de tener metidos en casa mes y medio sin salir a los niños, o a los habitantes de un pequeño pueblo rodeado de plena naturaleza como miles que hay en nuestro país. Se vulnera el Derecho Fundamental a la libre circulación y, precisamente por ello, también se afecta la salud de muchos conciudadanos que, tras una etapa tan larga de confinamiento presentan cuadros de depresión, ansiedad, obesidad, enfermedades del corazón, presión arterial, colesterol, etc. No es excusable una pandemia para que un Gobierno con tanto Ministerio y asesor a dedo haya declarado un Estado de alarma con vulneración del Derecho Fundamental a la libre circulación de las personas. Y esto nos convierte a los confinados en condenados bajo arresto domiciliario sin juicio ni sentencia, por la decisión de un Gobierno que se califica de “progresista”. Lo peor sería que después de esto no pase nada, nadie diga nada ni nadie se haga responsable y dada la mentalidad de quienes nos gobiernan todo parece indicar que la ley es para ellos un obstáculo menos. Para muestra un botón: por poner un ejemplo reciente, nuestro egocéntrico Presidente de autobombo y platillo, estuvo hace unos días insistiendo en los coronabonos que no están contemplados en los Tratados europeos, es decir que no son legales. Se ve que finalmente alguien le hizo caer del burro y nos vino hace escasos días con otra ocurrencia diciendo en la Cámara baja que iba a proponer en Europa dinero para España a “deuda perpetua”, ignorando que el Banco Central Europeo no admite deuda más allá de los 30 años. Así no se puede ir por Europa, tampoco de la mano de quienes la quieren destruir, independentistas radicales, etc. Por cierto que por mucho que le critiquen para representar a España el Rey lo hace mil veces mejor, al menos está preparado, no hace estos ridículos en el extranjero, pero tampoco le dejan. Pues bien, según recoge la prensa, al volver a caer del burro por segunda vez en escasos días nuestro pagado Presidente dio su solución “estrella”: “habrá que cambiar la norma”, por lo que ha de interpretarse que a él la ley, la Seguridad jurídica, le importa un bledo, se cambia y punto. Muy en sintonía con aquello de “exprópiese” del dictador venezolano. Y no estoy exagerando porque se ha aprovechado la pandemia para “colar” la ocupación de viviendas de titularidad privada (claramente atentatorio del Derecho Fundamental a la propiedad privada de nuestra Constitución, artículo 33). No es un bulo. Del mismo modo se ha utilizado este mal llamado Estado de alarma para aprobar la llamada “renta mínima vital”, un cheque para la compra de votos de todos/as aquellas que no quieren trabajar, en vez de utilizar ese dinero en crear puestos de trabajo para que quienes no tienen trabajo se ganen la vida. Y no nos confundan: no queremos contribuir a que gente que no quiere trabajar viva a costa del pueblo trabajador. Se ha elegido además el peor momento, éste en el que nos tienen confinados y no sabemos qué va a pasar con nuestros propios puestos de trabajo para que nos hagamos cargo de otro gasto oportunista más en beneficio del autobombo electoralista y en plena pandemia. Esto no es mirar por el país. Y luego se les llena la boca de aire petulante para decir que vamos a Europa a pedir dinero para España, tras dar hace escasos meses el espectáculo de recibir el avión de la vicepresidenta venezolana que tiene prohibido pisar la Unión Europea, otra infracción legal, ya se ve que resulta más sencillo infringir la ley que “cambiar la norma”. Y eso que estamos hablando de un Doctor en Diplomacia económica que debería saber que la ley es garantía de seguridad y la base de la existencia de un Estado democrático, no es algo que se cambia como quien se cambia de zapatos. Así no. Téngase en cuenta además que la ley garantiza la inversión y que haya personas que permanezcan en nuestro país con sus capitales, de otro modo se van para no volver. Y los capitales son necesarios para mantener el Estado, el mismo que están exprimiendo al máximo quienes nos gobiernan, y ahí está el deficit público de España antes de la pandemia, y me da igual del Partido político que sean. Y hablando de titulaciones, éste es otro caballo de batalla que promete más futuro lleno de titulados analfabetos, y la educación es precisamente el futuro, con indocumentados tampoco la Sanidad sale adelante y si lo hace actualmente es gracias a la preparación de muchas personas y su vocación de servicio, como demuestran y han demostrado muchas y muchos dejándose la piel y la vida en primera línea de pandemia. En definitiva hay vulneración de la legalidad vigente y, lo que es peor, una mentalidad muy preocupante de pasarse la ley por el forro por algunos/as cuando llegan al poder. Váyanse del Gobierno, háganlo por el país, ya han demostrado sobradamente su incapacidad e incompetencia. Lo escribiría también si el Gobierno fuera del Pp, de Vox o de la madre que les parió a todos juntos. Den todos paso a un Gobierno de emergencia con personas preparadas y capacitadas. Háganlo por el pueblo, por las trabajadoras y trabajadores que somos los que tenemos que levantar el país, ustedes ya tienen sus pensiones a cuenta de nuestro sacrificio. Aviso para navegantes: o se movilizan ustedes o de seguirse así vamos camino del punto sin retorno, después de la crisis sanitaria viene la económica, con estas mieles ya saben lo que nos espera, mucha más ruina y mucho menos futuro. NO TE DEJES.

Fernando del Cacho Millán

Postdata. Tras mi anterior artículo “A favor de los Juzgados de Instrucción” el Ministerio de Justicia ha tenido tiempo en medio de la pandemia y de todas las medidas que hay que tomar en evitación del colapso de la Administración, para anunciar la creación de una Comisión de expertos o “sabios” para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de dejar la investigación de los delitos en manos de la Fiscalía, un organismo regido por el principio de dependencia jerárquica, con la desaparición de los Juzgados de Instrucción, totalmente independientes, que hasta ahora se ocupaban de la instrucción de los delitos. Otro gol de déficit democrático auspiciado por este Gobierno que augura nuevas infracciones de Derechos Fundamentales. Así se va vaciando de contenido la Constitución, dejándola en un bello compendio de garantías y derechos para mostrar a la galería, de escasa o nula eficacia práctica, como ocurre en muchos países de Latinoamérica.

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Un pensamiento en “La España confinada

  1. María cervantes

    Muy claro y con una descripción auténtica de lo que está sucediendo.

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