Juicio a la Infanta Cristina, algunas consideraciones.

Como hace tiempo que leo y escucho las noticias principalmente por conocer lo que nos quieren hacer creer, ya disculparán que no vaya a profundizar en los argumentos legales que han llevado a una Infanta de España al banquillo de los acusados. No tengo la documentación y por ello no considero prudente darles una opinión fundada legalmente hablando. Simplemente me permito algunas consideraciones que, desde el punto de vista legal, podría hacer cualquier estudiante de Derecho, pero que no por ello pueden dejar de servir al lector para instruirse un poco ahora que está tan de moda hablar de la fase de instrucción penal, y lo que queda. Dicho sin ninguna técnica y para que ustedes lo entiendan, cuando se denuncia un hecho delictivo (un robo, una estafa, etc.), el juez de instrucción abre una fase (denominada de instrucción ) que tiene por objeto investigar lo que ha pasado (tomando testimonios, huellas, etc.) y en el momento en el que considera que hay evidencias de la comisión de unos hechos delictivos con los correspondientes medios de prueba para acreditarlos, entonces cierra la fase de instrucción y envía el expediente (los Autos) a otro tribunal que es el que se encarga de realizar el juicio con asistencia de público e intentando que en la sala declaren todos los testigos y se practiquen todas las pruebas para formar la convicción y dictar sentencia condenatoria o absolutoria. Así las cosas lo que ha ocurrido hasta ahora es que el juez de instrucción ha cerrado esta fase y ha considerado que hay suficientes argumentos y pruebas para que la Infanta Cristina haya de sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio correspondiente que celebrará otro tribunal, en este caso la Audiencia de Palma. En contra de lo que se dice en los medios de comunicación el juez de instrucción no la acusa (ni puede, legalmente hablando) sino que sólo es acusada por el sindicato Manos Limpias y por ello el juez puede considerar y de hecho considera que debe sentarse en el banquillo de los acusados. Tal es así que si nadie hubiera acusado a la Infanta el juez de instrucción no habría podido ordenar que se siente en el banquillo de los acusados para ser juzgada, porque es evidente que al no sostener nadie la acusación el día del juicio no habría acudido nadie a solicitar su condena y por ello la Audiencia de Palma (que es quien la va a juzgar y por tanto no la puede acusar) no habría podido condenarla. En España se permite que alguien ajeno a un procedimiento penal pueda acusar cuando considera que una persona ha delinquido. Es decir, que si yo sé que en Lugo alguien ha utilizado una tarjeta de crédito de un vecino para comprarle pañales a su bebé, puedo denunciar este asunto y acusar a la persona en cuestión de estafa y solicitar que se siente en el banquillo de los acusados y que se la condene. Estaría haciendo de acusación popular. Claro que es difícil que el Fiscal no acusara también – a los hechos me remito – porque tiene la obligación de perseguir los delitos (y de acusar y solicitar, en su caso, condena). Esta acusación popular debe diferenciarse de la acusación particular que es aquella que ejerce quien ha sido víctima del delito. Sería el supuesto de que en Lugo alguien hubiera utilizado mi propia tarjeta de crédito y en vez de comerme las angulas me hubiera pasado la tarde en Comisaría con un nudo en la garganta pensando en todos los gastos que estaría haciendo la persona que la encontró, de modo que tras la denuncia intentaría seguir las actuaciones del juez de instrucción y acudiría como acusación particular. En este caso hay un interés propio en recuperar la tarjeta y en vista de los pañales habríamos abandonado la caca y con ella el procedimiento, sin perjuicio de que el Fiscal (que es la acusación pública) hubiera podido interesar la continuación de las actuaciones y solicitar finalmente condena. Son tres por tanto las posibilidades de acusar: la acusación popular, la acusación particular y la acusación pública que corresponde al Ministerio Fiscal (que tiene la obligación de acusar cuando hay fundamento para ello). Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Pero en relación con la Infanta ahora empieza el retruécano, no se me ocurre otro palabro. Resulta que la única persona que sostiene la acusación de la Infanta Cristina es el sindicato Manos Limpias, pero no la Fiscalía ni tampoco la Abogacía del Estado (que defiende los intereses de la Agencia Tributaria). Y la primera cuestión es la siguiente: si a la Infanta se le acusa de dos delitos fiscales aunque sea indiciariamente tras una fase de instrucción hasta el punto de que el juez considera que debe sentarse en el banquillo de los acusados, ¿por qué el Abogado del Estado que defiende a la Agencia Tributaria no la acusa y considera que no debe celebrarse juicio contra ella? Sirva la misma pregunta para el Ministerio Fiscal que tampoco la acusa. La segunda cuestión es la siguiente: ¿qué ha provocado que un juez de instrucción no siga el criterio de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal – que se supone son lo más granado en este tipo de lides – y se quede apoyado en que es acusada por un tercero ajeno y gracias a ello la lleve a sentarse en el banquillo de los acusados? El juez tiene que tener clara conciencia de estar haciendo lo que debe, lo cual le honra, pues ante la presión a la que está sometido cualquiera busca una fisura por muy pequeña que sea para salir del paso, y en su caso con todo el apoyo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que no es moco de pavo. Quiero decir que si el juez hubiera resuelto que la Infanta no se sentara en el banquillo de los acusados siempre podría haberse escudado en que así lo consideró el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Pero ya se ve que el juez no ha encontrado ningún argumento para evitar el desastre al que se ha visto obligado (esté equivocado o no) llevando a una Infanta de España al banquillo de los acusados y no es aventurado decir que si hubiera tal argumento lo habría encontrado u otro se lo habría hecho ver, y de ser ello cierto quienes quedan al pie de los caballos son la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, pues convendrán en que no es normal que el juez de instrucción tire para adelante y dos instituciones del Estado dedicadas a este menester precisamente, vayan para atrás. Retruécano.

 

Yendo para atrás en el tiempo por cierto, el legislador (otro caballo de batalla de siempre), podía y debía haber considerado esta tesitura y evitarla, en vez de dedicarse a promulgar leyes electoralistas que por otro lado dan de comer más de una gamba y algún que otro chipirón en su tinta a esos “compendios de sabios” que van de aquí para allá dándonos el curso y la conferencia previo pago directo e indirecto y de paso intentando aumentar sus emolumentos con publicaciones oportunistas, sin que falten los que encima se dedican a publicar sus moralinas, hay que tener cara dura, el mejor patrimonio con el que cuentan, la verdad sea dicha. Y es que si no hay previsión no puede haber desarrollo. El legislador español ha perdido muchas oportunidades de evitar tragedias, ya lo hemos comentado en otros artículos anteriores y todo parece apuntar a que se seguirán sucediendo, pues no se hace nada por cambiar esta inercia. Pregúntense por qué, conocen la respuesta y dejen de seguir haciendo lo políticamente correcto, por el país se lo pedimos. Como ciudadanos y como patriotas no nos merecemos a una Infanta en el banquillo y menos en contra del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. En otros países de nuestro entorno la Infanta no se habría sentado en el banquillo de los acusados. Alguno pensará que porque no hay Infantas y en eso tiene razón, pero también porque aunque las hubiera la ley no lo habría permitido. Aquí hemos vivido los últimos acontecimientos en relación con este asunto pendientes de la doctrina Botín y de la doctrina Atutxa, con interpretaciones sobre si debe sentarse o no una persona en el banquillo, cuando en cualquier país desarrollado la cuestión estaría zanjada por ley y punto, máxime cuando la ley procesal no admite analogías. Hemos tenido tiempo de sobra para desarrollar un precepto legal de tres líneas y no se ha hecho (y eso que por lo que se ve, quienes se tendrían que dedicar a ello tienen tiempo de sobra para zascandilear por un lado y para estar muy ocupados en sus limbos por otro, dependiendo de lo que quieran hacer ver). Aparte de ello si se tiene Fiscalía es para algo y no de adorno en una instrucción en la que se está imputando a una Infanta y con ella a todos los que tenemos patria, que somos muchos, y de muchos colores, afortunadamente. Por cierto que hablar de patria no es de ser necesariamente conservador ni de mentalidad antigua como dicen algunos/as que van de modernos/as y llevan toda su vida sin poder salir de su mentalidad paletil (que es la más antigua, por cierto). Hagan el mínimo esfuerzo en fijarse en los hechos y no en lo que, como dice el juez instructor, hacen algunos/as que viven de ello, esto es, “Se lanza una afirmación que no responde a la verdad con la esperanza de que siempre habrá alguien que la asuma sin comprobarla” (Auto de 9 de enero de 2015, Diligencia previas 2677/2008, Pieza separada número 25).

 

Pero por si fuera poco, en este querido país cuna de El Quijote, no podía faltar que se pretenda juzgar a una Infanta de España como a otra persona más, cuando no lo es y lo que es más chocante, nadie del pueblo ni se ha extrañado ni se extraña de ello, nacimos con ella y no todos hemos tenido que llevar al colegio al Rey cuando era pequeño, ni cantarle villancicos en Navidad, qué le vamos a hacer, no somos iguales, y no nos ha causado ningún trauma. Lo peor es que desde altas instancias se están empeñando en hacernos ver que no hay diferencias y resulta que el pueblo las tiene asumidas desde siempre, sencillamente porque no somos iguales. Es más, si en algo la Infanta no está siendo una persona más, tanto que se pretende que seamos iguales, es en lo que le afecta estar imputada, aunque a todo el mundo le afecte, pero a ella más y con ella a todos los que queremos a nuestro país, incluidos aquellos que no comparten la institución monárquica. Para que la ley sea igual para todos debe diferenciar a los que son diferentes, y una Infanta lo es, como lo es un magistrado del Tribunal Supremo que haya de ser juzgado o el embajador de un país extranjero en España. También en esto ha faltado una previsión legal, y no era tan difícil, con tanto ego suelto y pagado. Como decíamos, en países de nuestro entorno la Infanta no se habría sentado en el banquillo de los acusados. Por poner el ejemplo de uno de los Ordenamientos de referencia no sólo en Europa sino en todo el mundo, la Ordenanza procesal alemana no contempla la posibilidad de ejercer la acusación popular. Mutatis mutandis la ermittlungsverfahren (fase de investigación alemana) culmina con la apertura de juicio oral, es decir, con la decisión de sentar a una persona en el banquillo si lo solicita la Fiscalía. Por algo será que en Alemania no hay acusación popular que pueda ejercitar la acción penal frente a una persona, con independencia de que sea de las que se atusa o de las que calce botín.

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