Archivo del Autor: Clave Juridica

D. Juan Carlos, Urdangarín y el principio de igualdad.

Ahora que por primera vez un miembro de la familia real se ha sentado como imputado para declarar por delitos graves, como la malversación de fondos públicos, prevaricación, etc., surge la cuestión, entre otras, de las consecuencias para la Casa Real y algunos de sus miembros en especial, siendo evidente que pasar por semejante bochorno de incalculables consecuencias no es plato de gusto para nadie.

Quiera o no el imputado, D. Iñaki Urdangarín, ha involucrado a otros miembros de la familia real y lo que es peor, ha puesto en boca de todos a la Monarquía española, que siempre ha hecho ímprobos esfuerzos por conseguir el reconocimiento del pueblo y estar a su lado, cosa que, todo hay que decir, ha conseguido con un papel fundamental en la transición a la democracia. Pero ahora aquello es pasado y son tiempos muy difíciles, con una crisis económica, social y política que al apretar sacude la mala leche de todos, y para colmo de males sólo faltaba que imputen a un miembro de la Casa Real haberse enriquecido con fondos públicos y con el único título de ser el yerno del Rey.

De hecho en el interrogatorio le han preguntado a Urdangarín si fue advertido por el Rey para que cesara en sus actividades y negocios, a lo que ha respondido afirmativamente. La pregunta, traducida en términos jurídicos, no es en balde, pues podría probar lo que se conoce como dolo o intención de seguir haciendo conscientemente lo que se sabe está penado por la ley o al menos no es de recibo, y si Urdangarín ha reconocido que le advirtieron está evidenciando su conducta consciente y dolosa de seguir haciendo lo que sabía que no debía hacer.

También es cierto que no todo el mundo tiene la fortuna de que le advierta el mismo Rey de España; en esto se reconocerá que no somos iguales. Pero tampoco es cierto que todos seamos iguales ante la ley (principio constitucional que consagra el artículo 14 de nuestra Carta Magna), pues tampoco se podría citar a declarar como testigo ni al Rey ni a la Reina ni a D. Felipe en virtud de lo dispuesto en el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por mucho que se empeñara el juez instructor, y nadie pone en duda que algo deben saber de todo esto e incluso tal vez corroborar o desdecir con su testimonio alguno de los hechos que se imputan.

Sea como fuere, lo cierto es que en el caso de D. Iñaki Urdangarín es evidente que ningún juez de instrucción le cita como imputado si no es porque hay evidencias de conducta delictiva. De hecho la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé en su artículo 269 entre otros, que los jueces de instrucción se abstendrán de todo procedimiento cuando una denuncia sea manifiestamente falsa o los hechos no revistieren carácter de delito. Pero aquí nos atrevemos a poner un plus de cautela, no porque un juez quiera hacer distinciones, sino porque la distinción ya le viene impuesta por la persona denunciada en cuestión,

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

La ocupación alemana de Grecia

Ahora que Grecia se encuentra abocada a una quiebra que lleva de cabeza a toda Europa, resulta que aflora una supuesta deuda que se remonta al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 40. Sin contar los intereses, los diputados griegos se preguntan por la viabilidad jurídica de una demanda contra Alemania que podría superar los 56.000 millones de euros en concepto de indemnización a las víctimas de la ocupación nazi (1940-1941) pero también por el hecho de que fueron las autoridades griegas de aquella época (puestas a dedo por los nazis) quienes prestaron dinero a la Alemania de Hitler.

Teniendo en cuenta que la actual deuda griega supera los 350.000 millones de euros (no sabemos ni entendemos cómo se puede haber llegado a deber tanto ni tampoco a prestar tanto), no parece que el cobro de la pretendida indemnización alemana vaya a arreglar las cuentas griegas, ni siquiera, para evitar que el Ministerio de Educación griego tenga que dar vales a los niños de las escuelas para que se lleven un bocadillo a la boca ante la evidente desnutrición que padecen en sus casas.

La situación es más que dramática. Aquí se trata de que Alemania indemnice económicamente a civiles por los daños particulares que causaron sus soldados, lo que sentaría un precedente de inalcanzables consecuencias tanto económicas como políticas, sin perjuicio del supuesto préstamo que hizo Grecia a Alemania tras su ocupación y que no ha sido devuelto.

Se quiera que se indemnicen a las víctimas griegas o se devuelva el dinero prestado por un gobierno griego impuesto por los nazis, los diputados griegos tienen fácil la respuesta a sus pretensiones pues existe la posibilidad de realizar una consulta jurídica a este respecto a la propia Corte Internacional de Justicia según el artículo 65 de su Estatuto. Pero también es cierto que no parece que la solución se encuentre aquí después de que este tribunal haya denegado a los italianos la misma reclamación por algunas víctimas del horror nazi en su territorio (San Pancrazio y Corneia).

Nadie duda de que aquellos crímenes se cometieron en Grecia, como otros muchos y las víctimas no han sido resarcidas económicamente. Por otro lado tampoco ha habido en tantos años, o al menos no lo conocemos, una iniciativa de este tipo contra Alemania por parte de Grecia y es ahora, en un momento económico desastroso, cuando se acuerdan de estas reclamaciones. ¿No será que se han dado cuenta ahora de que Alemania ha vuelto a ocuparles pero sin  tropas y sin soldados, a base de deuda y de intereses?

La supuesta inmunidad alemana a las reclamaciones indemnizatorias de víctimas de sus tropas ya ha sido sentenciada porla CorteInternacionalde Justicia para el mismo supuesto con víctimas italianas, pero tampoco tengan duda de que actualmente, si se tratara de soldados griegos perpetrando los mismos crímenes que los soldados nazis en Grecia hace 70 años, las autoridades alemanas les juzgarían en Alemania y les obligarían a pagar millonarias indemnizaciones. Así lo contempla la legislación alemana en el artículo 2.7 dela Streitkräfteaufenthalte Gesetzpor el que los miembros de las fuerzas extranjeras están sujetos al Derecho alemán y en especial a su jurisdicción civil y penal.

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Garzón, la ley y la justicia.

Miles de personas se han echado a la calle a favor del Sr. Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones como magistrado. Actualmente se encuentra trabajando para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, entretanto se decide su futuro, pendiente de varias sentencias del más alto tribunal español que le juzga por varios presuntos delitos, entre otros, por declararse competente para juzgar los llamados crímenes de la etapa de la dictadura franquista en España y haber ordenado una serie de diligencias, como la exhumación de cadáveres asesinados y enterrados hace más de cuarenta años.

Por ello y por mucho más se le acusa de prevaricación, además de cohecho por unas dietas millonarias relacionadas con unas conferencias que dio en Nueva York y en una tercera causa por haber interceptado las comunicaciones entre imputados y letrados en un asunto seguido actualmente por corrupción que afecta a la financiación del partido político más votado del país en las recientes elecciones.

En fin, todo un escándalo para algunos, colegios de abogados incluidos y toda una injusticia para la mayoría del pueblo, según recientes encuestas publicadas por televisión española. Hasta la Fiscalía del mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a calificar la primera de las acusaciones de insostenible e insólita en la primera causa que ya se ha juzgado y se encuentra pendiente de sentencia.

Lo cierto es que no hemos podido acceder a las actuaciones judiciales de modo que lo que podemos decir, jurídicamente hablando, es bien poco. Pero sí vamos a intentar poner sobre la mesa una serie de hechos para que ustedes mismos saquen sus conclusiones:

En primer lugar, es curioso aunque no imposible, que a este magistrado se le juzgue en la misma Sala en un plazo no superior a tres meses por tres causas distintas. Es como si de repente se hubiera puesto a delinquir y nos hubiéramos dado cuenta al mismo tiempo. Da que pensar.

En segundo lugar, se debe partir del hecho de que el máximo exponente de la justicia española no va a sentenciar, sea para absolver o para condenar, sin fundamentar en Derecho y con todo lujo de detalles su resolución, sea la que sea. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es un orgullo para todo jurista que se precie en este país y a su numerosa jurisprudencia nos remitimos, y ha estado y está integrada por magistrados expertos juristas de más que acreditada competencia, lo cual es algo que nadie puede poner en duda, por mucho que su pasado sea o no franquista.

Lo cierto también es que muchos que se dicen ahora antifranquistas eran los primeros en ir a la Plazade Oriente a gritar vítores a Franco. Habría que haberles visto decir en aquella época lo que ahora se atreven a manifestar. Entonces sí que tenía mérito y si no, que se lo cuenten, dicho sea con el debido respeto, a las familias de aquellos que precisamente Garzón quiso exhumar. A ello hay que añadir el hecho de que la mayoría del pueblo español, según han publicado recientes encuestas en televisión, está a favor del Sr. Garzón y el pueblo no entiende de leyes ni de sentencias. Lo que el pueblo entiende es que la ley y los tribunales están para hacer justicia y no le falta razón pues no en vano la justicia emana del pueblo y en este caso, quiera o no La Sala, el pueblo sí que tiene algo que decir al tratarse de un asunto que ha trascendido con creces la opinión pública. No exageramos y nos alegra que así sea pues significa que el pueblo todavía se manifiesta ante lo que entiende que es una injusticia, lo sea o no.

Y aquí llegamos a la consideración que queríamos dejar para quien nos lea: Una cosa es aplicar la ley y otra hacer justicia. En Derecho penal internacional (léase Tratado de Roma suscrito por España para la constitución dela Corte Penal Internacional) se recoge la posibilidad de no condenar cuando no haya interés para la justicia. Lo cierto es que no siempre que se aplica la ley se hace justicia y si la ley no sirve para hacer justicia habría que preguntarse para qué sirve.

No estamos diciendo que sea injusto condenar al Sr. Garzón, pues subjetivamente lo puede ser para unos y no para otros, pero si se le condena, tengan la seguridad de que pasará a la Historia como una condena en contra del sentir del pueblo español y de la comunidad internacional. No hay ni un solo gesto de aprobación internacional ni siquiera a la tarea de juzgar que está realizando la Sala Segunda del Tribunal Supremo y no digamos ya en caso de condena. Se podrá argumentar que el Tribunal Supremo español no está a expensas de lo que diga el pueblo o la comunidad internacional sino la ley. Cierto es pero en esto algo tendrá que ver  el hecho de estarse siguiendo una causa tras otra contra el Sr. Garzón en contra del criterio de la propia Fiscalía del Tribunal Supremo que ha llegado a calificar una acusación de “insólita e insostenible“.

En Alemania, por poner un ejemplo, habría sido suficiente para no sentarle en un banquillo ya que la acusación es competencia del Ministerio Fiscal y no de particulares. El hecho de enjuiciar así al Sr. Garzón ya es un daño de difícil reparación para quienes somos conscientes de lo que significa el criterio contrario de la Fiscalía española, pero lo que será un daño irreparable es su condena y no sólo en perjuicio del máximo exponente de la justicia penal española sino de la de todos aquellos que la han precedido y han tenido el honor de sentarse allí a juzgar, dejando buena parte de sus esfuerzos si no sus propias vidas.

En manos de unos pocos queda.


 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Camps mal asesorado

Camps está mal asesorado.

Quien fuera todo un Presidente de Comunidad Autónoma (en este caso de la Comunidad Valenciana) lleva mucho tiempo protagonizando un sinfín de desaciertos judiciales ante las imputaciones por delito por las que se verá sentado en el banquillo de los acusados el próximo día 12 de diciembre. Así, si es cierto que su abogado llegó a presentar un escrito de conformidad para evitar el juicio y lo retiró en el último momento (con Camps en coche dirigiéndose al tribunal y cambiando de dirección en el último semáforo), ya se ve que no tenían preparada la estrategia a seguir (y miren que tuvieron tiempo desde que empezó todo esto).

Cuentan además que pocos días antes de tomar una decisión tan importante como la de dimitir, el ya ex Presidente de la Generalitat Valenciana estuvo con su esposa, con un diputado (letrado) y con dos anónimos en su casa pensando en todo ello, pero ya se ve que mucho no pensaron o que si alguien pensó en que se reunieran para pensar, tenía ya pensado que lo de Camps iba a ser la antítesis de una defensa preparada y por ende, pensada.

Uno de estos acompañantes llegó a informar a la prensa que el escrito de conformidad presentado no vinculaba a Camps, pero entonces la cuestión es la siguiente, ¿por qué lo presentaron? Desde entonces no dio pie con bola y la última que protagonizó fue la de ocupar un escaño de diputado en las Cortes Valencianas y a la vez, pertenecer al Consell Juridic Consultiu. ¿Quién le estuvo asesorando, Sr. Camps? Porque lo que está claro es que paso que ha dado, revoloteo que ha provocado y tanto ruido ya ha acabado con él, que es lo que parece que se propusieron quienes le rodearon. O tal vez mejor decir que le han estado engañando para que siguiera haciendo el ridículo, al menos jurídicamente hablando.

Con independencia de que, ley en mano, se pudiera permitir lo que Camps pretendía, es decir, por un lado formar parte de quienes informan al Parlamento sobre las leyes a aprobar, y por otro, las vote seguidamente, no es una situación plausible para nadie por la contradicción que entraña y menos para un ex Presidente de la Generalitat que no podía permitirse causar más polémica como consecuencia de sus decisiones (aunque sospechamos, por todo ello, que tampoco ha sido él quien las ha ido tomando). En fin, que todo apunta a que para que Camps sea condenado en el juicio que tiene pendiente, no hace falta más que dejar que pase el tiempo y le sigan asesorando (o no asesorando) los mismos que le han tenido rodeado. Espabile Sr. Camps.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Ley de enjuiciamiento criminal

La Reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal: Otro gasto inútil.

He aquí algunas falsedades que se argumentan para justificar la reforma “radical“ y global de la justicia penal:

En primer lugar se argumenta a favor de la reforma que resulta necesaria para agilizar los procedimientos. Se engaña (como se ha engañado a otros antes) a quienes piensan que con una nueva ley se soluciona el problema de las dilaciones. Si los procedimientos judiciales se retrasan y se tarda años en juzgar no es porque la actual ley necesita una reforma ni tampoco es cierto que con la reforma se acabarán las dilaciones.

La comparativa propia con otros países europeos (Alemania, por ejemplo) que tienen atribuida la investigación al Ministerio Fiscal no justifica tampoco la reforma y por otro lado no deja de ser un recurso propio de mentalidades todavía acomplejadas.

Pero además, tampoco es cierto que en España el Ministerio Fiscal no investigue ni tenga vetada, ni mucho menos, su actuación en la investigación de los delitos, ni nada por el estilo. Con la actual regulación, el Ministerio Fiscal ya tiene un papel en la investigación de los delitos (léanse artículos 3 y 4 de su Estatuto, entre otros); otra cosa es que se pueda mejorar legislativamente hablando, pero de ahí a operar una reforma como la que se pretende va un abismo que no hace falta sufragar (y luego mantener).

No hemos encontrado ni una sola razón de peso que justifique la atribución al Ministerio Fiscal de la investigación penal (actual instrucción), sino que por el contrario, un poder jerarquizado (el artículo 62.2 de su Estatuto califica de falta muy grave “el incumplimiento de las órdenes particulares“) y politizado en el seno de la fase de investigación criminal, constituye un instrumento para controlar quién va a ser juzgado y quién no, con las consabidas consecuencias de conducir al banquillo a quien interese en un momento dado (como el juez Garzón, que en paz descanse, judicialmente hablando), con los consiguientes gastos y del mismo modo, para que puedan no ir otros con todo merecimiento.

La dependencia del Ministerio Fiscal de los políticos tampoco es aceptable. Lo de arreglar el nombramiento del Fiscal General del Estado dándole un plazo definido de mandato y que sea la mayoría del Congreso de los Diputados quien lo designe, es otra falacia, pues ya se encargarán de que llegue al puesto el obediente y no quien tenga criterio propio y libertad de actuación. De todos modos, pasen y vean lo que hay ahora y lo que ha habido y serán plenamente conscientes de quiénes ocupan los cargos y de cómo se les nombra. Para ejemplo el del nombramiento de la actual Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, entre otros.

También se dice a favor de una nueva ley de enjuiciamiento criminal, que la actualmente vigente es antigua (del año 1882). El tiempo de una ley no es una razón que por sí misma justifique una reforma.
Se argumenta asimismo, que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal está muy parcheada y ha sufrido muchas modificaciones. Tampoco éste es motivo para una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal pues el hecho de estar “parcheada“ no significa necesariamente que no funcione, sino que precisamente se supone que quien la parcheó pensó que con ello la mejoraría. Lo que no es perdonable, como ha pasado en este país, es que se promulgue una ley nueva y al día siguiente haya que reformarla porque no sea aplicable o sufra tales defectos que la hacen invalidante (lo cual ha pasado repetidas veces y no hace tanto tiempo).

Por otro lado, los denominados “errores de técnica legislativa“ como el actual artículo 789.3 (condena por delito distinto al que ha sido objeto de acusación), la regulación de la conformidad del artículo 801, etc., no justifican una reforma como la que se pretende. Lo que sería mejorable en la actual regulación es perfectamente posible introduciendo las modificaciones oportunas (protección de la víctima, pruebas de ADN, etc.).

Los Derechos Fundamentales como argumento para la reforma tampoco convencen. Todo el mundo está de acuerdo en que hay Derechos constitucionalmente protegidos (integridad física, vivienda…) que se deben respetar y que la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal no contiene una regulación, técnicamente hablando, que sea precisamente la mejor. Pero de ahí a justificar la reforma global y “radical“ va un paso, pues nadie pone en duda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal se lee y se aplica, o debe aplicarse con respeto a las garantías constitucionales. De otro modo se estaría ninguneando la función del Tribunal Constitucional que ha ido pronunciándose (por ejemplo, STC 145/1988 de 12 de julio sobre la separación de funciones de instrucción y fallo) para lograr una adecuada lectura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la luz de la Constitución. Criticar, por ejemplo, la redacción del artículo 363.2 sobre intervención corporal para obtención de muestras corporales del sospechoso es simplista y tampoco justifica una reforma global.

Es propio de países poco desarrollados hacer cambios “drásticos“ y “radicales“, como si lo que hubiera habido hasta ahora no fuera aprovechable en absoluto. También es propio de ignorantes y algo más, llegar al poder y erigirse en los solucionadores de todos los problemas de la justicia penal haciendo una ley con la que lo van a arreglar todo (también el problema de las dilaciones, que por cierto, también quiso arreglar el anterior Ministro de Justicia, y el anterior, etc.). Luego terminan de arreglarlo con frases manidas como que “esta ley nos acerca más a las democracias modernas“ como si la democracia fuera cuestión de modernidad, y otras como que “se da un paso hacia delante en las garantías procesales“, lo cual tampoco es cierto pues hace tiempo que las garantías son una realidad y afortunadamente hay medios para hacerlas valer sin necesidad de que se haga una reforma como la que se pretende.

Lo que no se explica al ciudadano es lo que va a costar la nueva ley, los nuevos tribunales de instancia, los nuevos jueces de garantías, los jueces de la audiencia preliminar y tampoco se habla del número de fiscales que van a hacer falta para poder aplicarla. Con los fiscales que hay ahora, no se va a poder confiar la “investigación“ a la Fiscalía, sino que hacen falta muchos más (y se supone que los jueces de instrucción tampoco serán suficientes dado que también con la nueva ley aparecen ahora los denominados jueces de garantía, de la audiencia preliminar, etc.).

En fin, que no se tiene en cuenta que con esta ley, va un gasto adicional de considerables proporciones que no podemos pagar o, al menos, todo parece indicar que es así y si no, asómense a las arcas públicas de ayuntamientos, Comunidades Autónomas, etc. Tampoco nos cuentan que detrás de estas reformas hay todo un imponderable dedicado a asesorar cobrando de fondos públicos y a dar conferencias, además de aprovechar su privilegiada información para ser los primeros en publicar sus comentarios doctrinales.

Ya es hora de que los políticos (con el Ministro de Justicia a la cabeza) dejen de pensar que por fin ha llegado la hora de salvarnos la vida con una nueva ley y sobretodo de suponer que legislar es gratuito y que por el hecho de promulgar una ley hay dinero suficiente para aplicarla.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Presentación de Clave Jurídica

Hola a todos:

En primer lugar, queremos daros las gracias a todos los que pasáis por aquí y dedicáis parte de vuestro tiempo a estar con nosotros.

Todos los profesionales que estamos detrás de este pequeño proyecto, trataremos de analizar la actualidad y sobre todo, la realidad de las noticias que aparecen en los medios de comunicación, desde un punto de vista rigurosamente científico y en clave jurídica.

Queremos que tengáis vuestra propia opinión, basándoos  en una lectura transparente y sin intereses políticos ni comerciales.

Desde Clave Jurídica, intentaremos dar a conocer lo más claramente posible la legislación que subyace en cada noticia, para que veais la realidad del mundo que nos rodea.

El equipo de Clave Jurídica.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...