Archivo por meses: noviembre 2013

La víctimas del terrorismo piden a gritos el cumplimiento de la ley.

Y esto precisamente es lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No sólo se cumplen los artículos 7 y 5 de la Convención Europea sino los artículos 9 y 25 de la mismísima Constitución española (principio de legalidad) y por ende la ley vigente en el momento de comisión de los hechos. Nulla poena sine lege. Es decir que hace falta una ley para que alguien se vaya a la cárcel (artículo 25 de la Constitución española), o lo que es lo mismo, una ley que determine, con anterioridad a la comisión de los hechos, cuáles se deben castigar, qué tipo de pena es aplicable a esos hechos (prisión, multa, etc.), por cuánto tiempo (30 años de prisión, cadena perpetua, etc.). Esto es vital en un Estado de Derecho. De otro modo la tiranía camparía a sus anchas y se volverían a encender hogueras para llevar a quienes les dé la gana a unos pocos, con un simple juicio de valor interesado. No es nuevo, ya ha pasado, revisen la historia más reciente, no hace falta remontarse a la época de los visigodos.

Lo he simplificado para que se entienda pero al lado de esa ley que debe existir antes de la comisión de los hechos también existió y existe actualmente otra que regula una serie de beneficios que reducen el tiempo de prisión de los condenados (artículo 78.1 del Código penal). Existe en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno y consiste en ir aplicando reducciones del tiempo de estancia en prisión por el hecho de tener un buen comportamiento, realizar trabajos, estudios universitarios durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad, etc. Esto se sabe y es público, tampoco nadie se ha manifestado en contra.

La cuestión que ha desencadenado toda la controversia en España, con la consabida y frecuente confusión, estriba en que no es lo mismo aplicar esos beneficios a la pena de 30 años de máximo cumplimiento según el Código de 1973 que a cada una de las penas que se le han ido imponiendo a un criminal que ha llegado a sumar más de 2.000 años de prisión (y que puede impresionar a los más legos, pero la realidad es que según el Código citado el máximo de prisión a cumplir son 30 años y según el vigente 40 años).

Resulta por tanto que, según la legislación aplicable y en concreto el artículo 70.2 del Código penal de 1973, el límite máximo de cumplimiento es el de 30 años de prisión (incluso si se tratara de penas impuestas en diferentes juicios como es el caso). Su artículo 100 se refería a la “Redención de penas por el trabajo” y estableció la reducción de un día de prisión por cada dos de trabajo (artículo 100 del Código penal de 1973), de modo que la pena de prisión se veía doblemente reducida (por un lado porque se establecía un límite máximo de 30 años aunque se hubieran acumulado condenas por más de 2.000 años y por otro lado porque los beneficios de reducción de tiempo de prisión eran considerables y todo ello según lo legalmente previsto). Además, también la ley contemplaba la posibilidad de salir de prisión habiendo cumplido tres cuartas partes de la condena (artículo 98 del Código penal de 1973).

La ley exige que su aplicación sea la más favorable al reo y, desde luego, si no hay ley que permita una aplicación más desfavorable, por decirlo de alguna manera, el tribunal se debe abstener. En Derecho penal un vacío legal – que además no es éste el caso – no se suple con una doctrina (bautizada con el nombre de un terrorista, todo sea dicho), ni tampoco con jurisprudencia, ni mucho menos mal denominada “desfavorable”. Nulla poena sine lege. Esto no es nuevo porque precisamente hace poco más de 10 años que por lo mismo (con la ley aplicable, el Código penal de 1973) un convicto por terrorismo restó 17 años a su pena de prisión y cumplió sólo 13 años de los 30 años impuestos. Entonces nadie dijo nada. Da que pensar.

Aquí, con el debido respeto, no se trataba de crear una suerte de “jurisprudencia retroactiva más desfavorable” (el término en sí ya es una falacia), sino de aplicar la ley o, en su caso, de no aplicar una ley que no existe. Lo contrario es claramente atentatorio del principio de legalidad y, por ende, de los artículos 5 y 7 de la Convención Europea (que es lo que ha venido a resolver el TEDH), también de los artículos 9 y 25 de la Constitución española, etc. El propio Código penal vigente (desde 1995) establece en su Disposición transitoria primera que en cuanto entre en vigor será aplicable “… si es más favorable para el acusado…”. Por tanto no se trata de que ahora la jurisprudencia haya cambiado ni mucho menos de una supuesta – por denominarla de alguna manera – irretroactividad de la jurisprudencia desfavorable que es evidente que no existe. Lo que ha existido, lamentablemente, es una resolución judicial contralegem, por mal que nos sepa a todos, que ha tenido que corregir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, el artículo 7.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece que “… no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida…” y con la ley en la mano esto es así. Aplicando el artículo 70.2 del Código penal de 1973 (en este caso más favorable y por ley de debida aplicación) así como el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás artículos citados, esto es lo que hay: 30 años máximo de prisión (con el actual Código penal son 40 años, artículo 76 d), y reducción de pena de 1 día de prisión por cada dos días de trabajo. Hoy en día también hay beneficios penitenciarios (no es nada nuevo y a “… la totalidad de las penas…”, artículo 78.1 del Código penal).

Además del sufrimiento de las víctimas – y de toda persona decente – que ven cómo el asesino de su familia se pasea por el mismo barrio donde vive, no deja de ser doloroso que un tribunal, por muy europeo y supranacional que sea, haya tenido que enmendar una decisión del Tribunal Supremo y lo haya tenido que hacer no interpretando nada, dicho sea con el debido respeto, sino simplemente aplicando una ley sobradamente conocida por mucho que no se esté de acuerdo con ella. En esto también va de la mano el Tribunal Constitucional que inadmitió el recurso en su día interpuesto alegando que carecía de relevancia constitucional. Tenemos que reconocer que algo ha fallado – piensen qué – y también que ha habido una falta de responsabilidad principalmente política. Se sabía. Había personas que lo sabían. Que sabían que con esa ley no se podía hacer más contra el crimen y ahora vienen de la mano no sólo el dolor sino también la vergüenza. Que si no nos merecíamos lo primero, lo segundo tampoco por evitable. Estas son las consecuencias de no aplicar la ley, por mucho que en su día se intentase justificar con buenas intenciones (que por otro lado no lo pueden ser del todo si es a costa de saltarse la legalidad vigente). Si la ley que hay que aplicar no se comparte porque se entiende que la pena que prevé es insuficiente, el camino no son los tribunales sino el Parlamento, de modo que es ahí donde se puede hacer una ley que, por referir otros tipos delictivos, encarezca la estafa y la apropiación indebida (de hecho sigue saliendo muy barato estafar millones, y si no pregunten a los que van saliendo e irán saliendo de prisión). Luego resulta que cuando a alguien se le ha ocurrido proponer cadena perpetua o endurecer las penas que ya se contemplan, eso no da votos y no hay nada más de qué hablar.

Pero también es cierto que vivimos en un país de lamentables contrastes: por un lado miles de personas salen a la calle a manifestarse en favor de criminales, por otro no faltan personas (incluso con cargos públicos) que acogen con gestos amistosos – propios de impresentables – a quienes se sabe que delinquen, utilizan los amiguismos y se jactan de utilizar corruptelas para sus propios beneficios. A ello hay que añadir que también hacemos prensa y tele con todo ello (y la leemos y vemos casi todos, que también es otra forma de promocionar el delito). Así se encuentra uno con que, por poner un ejemplo más lejano que no hiera susceptibilidades plenamente actuales, hace no tanto tiempo que toda una Presidenta de la Comunidad de Madrid acudió al funeral público de un condenado repetidamente por delitos graves. Por cierto que a ese mismo funeral también acudió el actual Ministro de Justicia que por entonces también ostentaba un cargo público, siendo la misma persona que ahora se compadece de las víctimas. Algo no funciona y no es de ahora.

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