Archivo por meses: octubre 2013

ASUNTA, el secreto de sumario y el secreto profesional

Toda la sociedad, en mayor o menor medida, está conmocionada con la noticia de la muerte de la pequeña Asunta de 12 años de edad. Otra cosa son las reacciones que se han producido en torno a este hecho. Desde periodistas que se dicen “de investigación” que realizan programas aprovechando el tirón de la noticia y que evidentemente no lo hacen gratis, hasta incluso personas que se suponen profesionales que también barren para casa.

El morbo es social y económicamente interesante en una sociedad poco desarrollada, tan acostumbrada a meter la nariz en la vida privada del vecino. Si al pueblo se le puede excusar su ignorancia, que no su falta de respeto, a los profesionales no se les debe ni lo uno ni lo otro. No se puede tolerar que se afirme “estar ciego”, “no tener “ningún dato”, y por otro lado salir en las televisiones, entrevistas de periódicos y dar líneas de defensa y lo que es más grave, información sobre lo hablado con una persona que ahora mismo está imputada y que también tiene derecho a que no se revele lo que habla con su abogado defensor.

Tampoco se está pensando en las consecuencias nefastas que puede tener una conducta como ésta precisamente cuando se levante el secreto de sumario, que sin duda alguna tendrá lugar. A ver cómo se arregla entonces lo de que si “aparece algo en contra… se actuará en consecuencia”. ¿Quiere decir que se va a quedar sin defensa? ¿será más culpable de lo que es hasta ahora por el mismo hecho a juzgar? ¿Se le va a juzgar por la muerte de Asunta o por ello y lo que hemos hecho los demás después? El secreto profesional es un derecho elevado a categoría de Derecho Fundamental (artículos 18 y 24 de la Constitución española), pero también un deber contemplado tanto en el Estatuto General de la Abogacía española (artículo 32), como en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio del Poder Judicial /artículo 542.3, “Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional…”. Asimismo el artículo 2.3 del Código Deontológico de los Abogados de la Unión Europea. El abogado/a es custodio de la intimidad personal de su cliente (además relacionado con su derecho a no declarar y a no confesarse culpable).

Tampoco es de recibo calificar públicamente de nulo el Auto de una autoridad judicial, para eso están los tribunales y no los abogados/as ni los particulares. Por cierto que el Auto de prisión provisional de los padres de Asunta lo dictó el juez de instrucción a propuesta de la Fiscalía para la que no es secreta la causa y si se ha adoptado esta medida es de suponer que tiene un fundamento de hecho y de Derecho, y no suponer precisamente lo contrario. Ahora va a resultar que en un caso como éste toda la Fiscalía se equivoca, también los jueces y dictan un Auto que es nulo de pleno derecho por vulnerar la legalidad vigente y se da cuenta de ello uno que pasaba por allí y que “está ciego”, según sus propias palabras.

Basta ya de ruido y de desafortunadas declaraciones, de hacer “programas dramas” y de confundir a la opinión pública para seguir “teniendo audiencia”, que es lo que vende. Que se callen ya, que es otra forma de pedir respeto a la ley y a los tribunales de justicia. Afortunadamente la Exposición de motivos del borrador del nuevo Código penal ya prevé la posibilidad de una “comunicación pública” cuando el interés público lo reclame pero sin incurrir en revelaciones que pueden perjudicar el juicio. Ya está bien de ignorar las leyes. Si la ley no se aplica no puede haber justicia como tampoco la habrá si se juzga de manera distinta a la prevista en la ley. Esto es así incluso aunque a veces la aplicación de la ley no consiga que se haga toda la justicia que sería deseable (ya lo escribí en otro artículo).

Pero sin aplicar la ley no hay ni habrá justicia, se procura la inseguridad jurídica, antesala de la tiranía, y se hará lo que quieren unos pocos impresentables, por interés propio, que se dedican a hacer juicios de valor sobre las personas con independencia de los hechos a juzgar. En este circo mediático que se forma alrededor de un caso judicial, no sólo hay intereses económicos sino incluso quienes actúan con toda ilegalidad e incluso impunidad por animadversión personal contra la persona a juzgar. Ya ha ocurrido que dejando a un lado los hechos a juzgar, prescindiendo de lo que dice la ley y con absoluto desprecio a la forma prevista para juzgar, a una persona se le ha condenado como culpable antes de pisar el juzgado, para vergüenza de quienes lo han procurado pero también de quienes lo han consentido.

Tenemos una legislación excelente pero queda muchas veces en saco roto tanto por acción como por omisión. Por acción porque quienes se dedican a ir en contra de la ley (y no son pocos, a la vista está) sacan buen provecho de ello, conscientes de que se reacciona cuando es tarde y tan grande el daño que ya no tiene reparación. Por omisión porque muchos/as que lo están viendo no lo denuncian, no se quieren meter en problemas, sin que falten tampoco quienes felicitan a los delincuentes (es la mentalidad de quienes se lamentan de no haber estado en su lugar) o conviven con ellos como si no pasara nada (se consuelan pensando que “esto funciona así”).

Más respeto a los tribunales de justicia y a las personas que desde el silencio trabajan. Que se respete el secreto de sumario que para eso está y hay una ley que lo regula (artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). No sólo es importante ese silencio, o mejor dicho, la falta de ruido, sino necesario para trabajar, pero también para concienciar de que detrás de quienes no dejan hacer conforme a ley, hay intereses particulares y con trasfondo económico.

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