Archivo por meses: septiembre 2011

Ley de enjuiciamiento criminal

La Reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal: Otro gasto inútil.

He aquí algunas falsedades que se argumentan para justificar la reforma “radical“ y global de la justicia penal:

En primer lugar se argumenta a favor de la reforma que resulta necesaria para agilizar los procedimientos. Se engaña (como se ha engañado a otros antes) a quienes piensan que con una nueva ley se soluciona el problema de las dilaciones. Si los procedimientos judiciales se retrasan y se tarda años en juzgar no es porque la actual ley necesita una reforma ni tampoco es cierto que con la reforma se acabarán las dilaciones.

La comparativa propia con otros países europeos (Alemania, por ejemplo) que tienen atribuida la investigación al Ministerio Fiscal no justifica tampoco la reforma y por otro lado no deja de ser un recurso propio de mentalidades todavía acomplejadas.

Pero además, tampoco es cierto que en España el Ministerio Fiscal no investigue ni tenga vetada, ni mucho menos, su actuación en la investigación de los delitos, ni nada por el estilo. Con la actual regulación, el Ministerio Fiscal ya tiene un papel en la investigación de los delitos (léanse artículos 3 y 4 de su Estatuto, entre otros); otra cosa es que se pueda mejorar legislativamente hablando, pero de ahí a operar una reforma como la que se pretende va un abismo que no hace falta sufragar (y luego mantener).

No hemos encontrado ni una sola razón de peso que justifique la atribución al Ministerio Fiscal de la investigación penal (actual instrucción), sino que por el contrario, un poder jerarquizado (el artículo 62.2 de su Estatuto califica de falta muy grave “el incumplimiento de las órdenes particulares“) y politizado en el seno de la fase de investigación criminal, constituye un instrumento para controlar quién va a ser juzgado y quién no, con las consabidas consecuencias de conducir al banquillo a quien interese en un momento dado (como el juez Garzón, que en paz descanse, judicialmente hablando), con los consiguientes gastos y del mismo modo, para que puedan no ir otros con todo merecimiento.

La dependencia del Ministerio Fiscal de los políticos tampoco es aceptable. Lo de arreglar el nombramiento del Fiscal General del Estado dándole un plazo definido de mandato y que sea la mayoría del Congreso de los Diputados quien lo designe, es otra falacia, pues ya se encargarán de que llegue al puesto el obediente y no quien tenga criterio propio y libertad de actuación. De todos modos, pasen y vean lo que hay ahora y lo que ha habido y serán plenamente conscientes de quiénes ocupan los cargos y de cómo se les nombra. Para ejemplo el del nombramiento de la actual Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, entre otros.

También se dice a favor de una nueva ley de enjuiciamiento criminal, que la actualmente vigente es antigua (del año 1882). El tiempo de una ley no es una razón que por sí misma justifique una reforma.
Se argumenta asimismo, que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal está muy parcheada y ha sufrido muchas modificaciones. Tampoco éste es motivo para una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal pues el hecho de estar “parcheada“ no significa necesariamente que no funcione, sino que precisamente se supone que quien la parcheó pensó que con ello la mejoraría. Lo que no es perdonable, como ha pasado en este país, es que se promulgue una ley nueva y al día siguiente haya que reformarla porque no sea aplicable o sufra tales defectos que la hacen invalidante (lo cual ha pasado repetidas veces y no hace tanto tiempo).

Por otro lado, los denominados “errores de técnica legislativa“ como el actual artículo 789.3 (condena por delito distinto al que ha sido objeto de acusación), la regulación de la conformidad del artículo 801, etc., no justifican una reforma como la que se pretende. Lo que sería mejorable en la actual regulación es perfectamente posible introduciendo las modificaciones oportunas (protección de la víctima, pruebas de ADN, etc.).

Los Derechos Fundamentales como argumento para la reforma tampoco convencen. Todo el mundo está de acuerdo en que hay Derechos constitucionalmente protegidos (integridad física, vivienda…) que se deben respetar y que la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal no contiene una regulación, técnicamente hablando, que sea precisamente la mejor. Pero de ahí a justificar la reforma global y “radical“ va un paso, pues nadie pone en duda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal se lee y se aplica, o debe aplicarse con respeto a las garantías constitucionales. De otro modo se estaría ninguneando la función del Tribunal Constitucional que ha ido pronunciándose (por ejemplo, STC 145/1988 de 12 de julio sobre la separación de funciones de instrucción y fallo) para lograr una adecuada lectura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la luz de la Constitución. Criticar, por ejemplo, la redacción del artículo 363.2 sobre intervención corporal para obtención de muestras corporales del sospechoso es simplista y tampoco justifica una reforma global.

Es propio de países poco desarrollados hacer cambios “drásticos“ y “radicales“, como si lo que hubiera habido hasta ahora no fuera aprovechable en absoluto. También es propio de ignorantes y algo más, llegar al poder y erigirse en los solucionadores de todos los problemas de la justicia penal haciendo una ley con la que lo van a arreglar todo (también el problema de las dilaciones, que por cierto, también quiso arreglar el anterior Ministro de Justicia, y el anterior, etc.). Luego terminan de arreglarlo con frases manidas como que “esta ley nos acerca más a las democracias modernas“ como si la democracia fuera cuestión de modernidad, y otras como que “se da un paso hacia delante en las garantías procesales“, lo cual tampoco es cierto pues hace tiempo que las garantías son una realidad y afortunadamente hay medios para hacerlas valer sin necesidad de que se haga una reforma como la que se pretende.

Lo que no se explica al ciudadano es lo que va a costar la nueva ley, los nuevos tribunales de instancia, los nuevos jueces de garantías, los jueces de la audiencia preliminar y tampoco se habla del número de fiscales que van a hacer falta para poder aplicarla. Con los fiscales que hay ahora, no se va a poder confiar la “investigación“ a la Fiscalía, sino que hacen falta muchos más (y se supone que los jueces de instrucción tampoco serán suficientes dado que también con la nueva ley aparecen ahora los denominados jueces de garantía, de la audiencia preliminar, etc.).

En fin, que no se tiene en cuenta que con esta ley, va un gasto adicional de considerables proporciones que no podemos pagar o, al menos, todo parece indicar que es así y si no, asómense a las arcas públicas de ayuntamientos, Comunidades Autónomas, etc. Tampoco nos cuentan que detrás de estas reformas hay todo un imponderable dedicado a asesorar cobrando de fondos públicos y a dar conferencias, además de aprovechar su privilegiada información para ser los primeros en publicar sus comentarios doctrinales.

Ya es hora de que los políticos (con el Ministro de Justicia a la cabeza) dejen de pensar que por fin ha llegado la hora de salvarnos la vida con una nueva ley y sobretodo de suponer que legislar es gratuito y que por el hecho de promulgar una ley hay dinero suficiente para aplicarla.

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